El ministro de Migraciones asevera que Canarias tutela a miles de menores no acompañados y no recibe apoyo

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, elogia la respuesta de España con el pueblo ucraniano en la acogida de refugiados. Así, reclama esa misma solidaridad a las comunidades autónomas con Canarias y Ceuta, que tutelan a miles de menores no acompañados y no reciben apoyo.

«Si en Europa España está defendiendo un binomio de responsabilidad y solidaridad, ese binomio lo tenemos que trasladar también internamente», afirma.

El ministro reconoce que el éxodo ucraniano ha puesto a prueba el sistema de acogida y asilo estatal y se encuentra ante un importante «reto». El Gobierno calcula que ya hay alrededor de 120.000 ucranianos en España.

Más apoyo de las autonomías en el reparto de menores migrantes

Un apoyo que echa en falta en la actuación de las comunidades para que haya un reparto solidario de los casi 3.000 menores extranjeros no acompañados que tutela el Gobierno canario o los más de 300 que acoge Ceuta, ya que las autonomías son las competentes.

«Si Ceuta o Canarias han demostrado tanta responsabilidad a la hora de tener que absorber un volumen tan alto de menores no acompañados, con la presión que significa eso sobre su administración, creo que tiene que haber una respuesta de solidaridad del resto de comunidades», asevera Escrivá.

Y cita como ejemplo los centros habilitados por Inclusión en el Plan Canarias para desplegar en el archipiélago alrededor de 7.000 plazas en campamentos provisionales de acogida.

«Tenemos a unas 600 personas y el periodo medio de estancia es de mes y medio, el tiempo justo para conocerles y hacer una primera aclimatación. Después ya se distribuyen por todo el territorio. Esto que estamos haciendo nosotros en Canarias sería deseable que las comunidades lo hicieran con los menores no acompañados», asevera.

Trabas a los derechos de los migrantes

Este jueves, la abogada en materia de inmigraciones y extranjería Loueia Mint denunció trabas por parte de la Policía Nacional. Asegura que no le dejaban asistir a sus clientes, motivo por el que ha presentado una denuncia en los juzgados de guardia. De esta manera, no se les permite, según Mint, el derecho a defenderse.

La abogada ha declarado que considera que el problema reside en la voluntad de «devolverlos a sus países de origen» mientras ella lucha por «garantizar sus derechos». Afirma que «para ellos sería un desastre» que lograra su objetivo porque «conseguiría paralizar la devolución de estas personas y darles derecho a la asistencia letrada«.