Considera que las comunidades cuentan ya con instrumentos suficientes para hacer frente a la situación y no necesitan nuevas herramientas legales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está decidido a levantar el estado de alarma el próximo 9 de mayo y resiste las presiones de comunidades y partidos, incluidos algunos de sus socios, para que lo prorrogue o apruebe nuevas medidas que sirvan de paraguas jurídico a posibles restricciones.

Sánchez ha venido repitiendo en las últimas semanas que las decisiones del Ejecutivo ante la pandemia de coronavirus se han fundamentado en la evolución de los datos, y que los que hay en la actualidad y las previsiones para dentro de dos semanas avalan la intención de que el estado de alarma llegue a su fin.

«No hay ninguna componente electoral en esa decisión y el presidente seguirá pensando lo mismo antes y después de las elecciones de Madrid del 4 de mayo», aseguran a Efe fuentes del Gobierno ante las suspicacias de la oposición de que su negativa a prorrogar la alarma varíe una vez que se celebren esos comicios.

La única posibilidad de que cambie de opinión afirman que vendría de la mano de un súbito empeoramiento de los datos que no creen previsible.

ESQUERRA SE ACERCA AL PP

El propio Sánchez dijo esta semana en conferencia de prensa en Andorra que todo indica que la curva de contagios se contiene, a lo que sumó un creciente ritmo de vacunación que asegura que permitirá cumplir con el objetivo de que en agosto esté vacunada el 70 por ciento de la población.

Pero ante la inminencia de que la alarma acabe, comunidades como el País Vasco vienen reclamando que se prorrogue ya que consideran que no hacerlo es, según palabras del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, una «temeridad».

De acuerdo con la finalización de esa medida excepcional está el PP, pero cree necesario que, una vez que acabe, haya herramientas suficientes para que las autonomías puedan adoptar algunas limitaciones con garantías.

Por eso el líder de los populares, Pablo Casado, defiende aprobar lo que denomina un plan B jurídico mediante una proposición de ley que reformaría la ley de Salud Púbica de 1986 para que sea factible imponer restricciones a la movilidad sin decretar el estado de alarma.

Una iniciativa que ya fue tumbada por el Congreso en noviembre pasado con el rechazo, entre otros partidos, de PSOE, Unidas Podemos, Vox y ERC.

La situación es distinta ahora, y algunos de los socios del Gobierno se acercan al planteamiento del PP.

Así, Esquerra, por boca de su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, y otras formaciones como Compromís, EH Bildu, PDeCAT y Más País la ven con buenos ojos.

No opina lo mismo el Gobierno, y tanto Sánchez como la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y la titular de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, han repetido en los últimos días que las comunidades cuentan ya con instrumentos suficientes para hacer frente a la situación y no necesitan nuevas herramientas legales.

El hecho de que haya socios del Gobierno dispuestos a apoyar su plan ha llevado a Casado a considerar esa situación como un varapalo al Ejecutivo.

Al mismo tiempo, en el PP recelan de que Sánchez vaya a mantener hasta el final su decisión de levantar la alarma ya que consideran que no hay que cerrar la puerta a que cambie de criterio después de que los madrileños acudan a las urnas el 4 de mayo, cinco días antes de la fecha prevista para el fin de esa medida.

NO A UNA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

La negativa del Gobierno a aprobar un plan alternativo se extiende también a otra petición que llega desde el PP y algunas comunidades: la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para que Sánchez y los máximos responsables autonómicos debatan la situación antes de levantar la alarma.

Moncloa la rechaza porque considera que el foro adecuado para el debate entre los gobiernos central y autonómico es el Consejo Interterritorial, que celebra reuniones cada semana.

«El Consejo Interterritorial es el instrumento de cogobernanza que nos hemos dado para el estado de alarma y para lo que venga a partir del 9 de mayo; ese -dijo Sánchez esta semana- es el espacio en el que desde un punto de vista técnico y político se tienen que decidir las medidas que se tengan que tomar».

Es decir, que el Gobierno pretende seguir la hoja de ruta que ya tiene trazada sin tener en cuenta las peticiones del PP porque considera que lo que hace este partido es «enredar» en torno al estado de alarma.

Una acusación que vertió María Jesús Montero tras la última reunión del Consejo de Ministros y a la que añadió que el partido de Casado «no sabe lo que quiere».

Frente a ello, las fuentes del Gobierno afirman que ellos sí tienen claros sus objetivos e insisten en que si los datos de la epidemia no sufren un vuelco repentino, en quince días se levantará la alarma.

Y repiten unas palabras de la ministra Darias esta semana en la sesión de control del pleno del Congreso: «estamos en una situación excepcional que no puede ser permanente».