En los últimos años, un tercio de las compraventas en Canarias las realizaron extranjeros no residentes, según afirma el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo de Canarias, Pablo Rodríguez
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha mostrado su apoyo este jueves a la defensa que promueve el Gobierno canario para limitar la compra de viviendas en las islas a extranjeros no residentes, ha informado el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo de Canarias, Pablo Rodríguez, tras la reunión mantenida en Madrid.
En este sentido, a ministra ha aceptado también «la gran mayoría» de las propuestas formuladas al Plan Estatal de Vivienda, para que este sea un instrumento que refleje la realidad canaria y sus particularidades, ha señalado Rodríguez.
El Gobierno de España ha mostrado su respaldo a la iniciativa canaria y su defensa ante la Unión Europea para limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes, ya que, junto con el auge del alquiler vacacional de corta duración, tensiona los precios, reduce la oferta destinada a residencia habitual y compromete la sostenibilidad social del territorio y el derecho de los canarios a acceder a una vivienda digna en el archipiélago, indica la nota.
En esta línea, el consejero ha manifestado que «solo en los últimos años, un tercio de las compraventas en Canarias las realizaron extranjeros no residentes. En un mercado con la oferta limitada y demanda creciente, esto impacta directamente en que los canarios puedan desarrollar su proyecto de vida y encontrar un hogar digno«.
Refuerzo de las RUP en la planificación de políticas de vivienda
Rodríguez ha considerado que «este respaldo confirma que nuestra propuesta es viable y necesaria para proteger el derecho a la vivienda de los residentes en Canarias, reforzando el papel de las regiones ultraperiféricas en la planificación de políticas de vivienda».
La nota recuerda que el pasado jueves Canarias defendió ante la Comisión de Islas de la Unión Europea (UE), celebrada en Barcelona, su preocupación por la falta de una estrategia firme de las instituciones comunitarias para abordar asuntos prioritarios para los territorios insulares como una política de vivienda actualizada.
Así, desde Canarias se propuso un enfoque normativo adaptado que permita proteger el acceso a la vivienda para la población local, reducir la vulnerabilidad de trabajadores y familias y garantizar un equilibrio sostenible entre actividad económica, cohesión social y derecho a la vivienda.P
Plan estatal de vivienda
En cuanto al Plan Estatal de Vivienda, el director del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Antonio Ortega, que también ha asistido a la reunión, ha apuntado que «el Ministerio ha atendido el 80 % de las propuestas que hemos planteado».
Según ha explicado, «ahora corresponde perfilar cómo quedará cada actuación» y, en cuanto a los criterios de reparto, el Ministerio ha pedido que Canarias los plantee en la próxima Conferencia Sectorial, donde las comunidades autónomas podrán emitir su voto.
En octubre de 2025, el Gobierno de Canarias presentó al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana un documento con alegaciones concretas para adaptar el Plan Estatal de Vivienda a la realidad insular.
Entre las propuestas destacadas se incluye la actualización de los criterios de reparto de fondos -que actualmente contemplan parámetros de 1991- para que reflejen la realidad socioeconómica actual, el reconocimiento de los sobrecostes asociados a la construcción y desarrollo de vivienda en Canarias debido a su insularidad, dispersión y logística particular.
Umbrales de ingresos y costes de gestión y administración
Asimismo, se planteó la revisión de los umbrales de ingresos para poder acceder a vivienda pública o ayudas, de manera que se puedan ajustar a la realidad del territorio y proteger a los canarios que más lo necesitan.
También se propuso que los costes de gestión y administración se financiarán dentro del plan, garantizando los recursos necesarios para personal, tramitación y seguimiento de ayudas, así como medidas para abordar la morosidad en alquileres, con el objetivo de ofrecer seguridad jurídica a los propietarios para fomentar la disponibilidad de viviendas en alquiler.
Con estas propuestas el Gobierno de Canarias buscaba que el Plan Estatal «no fuera una receta uniforme», sino un marco flexible y sensible a las particularidades de cada territorio, especialmente de las regiones ultraperiféricas, destaca la nota.
A juicio de la Consejería, el respaldo expresado por el Ministerio «refuerza la ambición del Ejecutivo canario de traducir estas propuestas en realidades tangibles en las islas con más vivienda pública asequible, políticas adaptadas y medidas que garanticen el derecho de una vivienda digna para los canarios y canarias».
