El Consejo de Ministros aprueba este martes el anteproyecto de ley del becario, que tendrá que pasar luego por el Parlamento. Contempla medidas acordadas con lo sindicatos, y sin la patronal, como el derecho a vacaciones, compensación por gastos y multas por incumplimiento de las empresas
El Consejo de Ministros aprueba este martes en segunda vuelta el anteproyecto de ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral, el llamado Estatuto del becario, para iniciar así una previsiblemente complicada tramitación parlamentaria.
El anteproyecto de ley del Estatuto del Becario, fruto del acuerdo alcanzado en 2023 con los sindicatos pero sin la patronal, regula el trabajo en prácticas de quienes no tienen contrato laboral. Establece la compensación de gastos a los estudiantes en prácticas o el derecho a vacaciones, además de fijar multas para las empresas que incumplan.
Erradicar «la cultura de la precariedad»
El Ministerio de Trabajo subraya que con esta ley se formaliza un catálogo de derechos para más de 1,7 millones de jóvenes, un colectivo que hasta ahora estaba marcado por la precariedad ante la falta de límites legales.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mostraba este lunes su emoción por la aprobación de la norma, «que tardó 15 meses en negociarse en la mesa de diálogo social, mucho más que la reforma laboral» y que fue sometida a «un debate largo dentro del Gobierno».
«Quiero festejar la aprobación del Estatuto del Becario», decía Díaz, que destacaba que esta norma ha tenido en contra una «pulsión muy fuerte» porque supone «erradicar la cultura de la precariedad».
Rechazo de rectores y CEOE
El Estatuto del Becario entrará ahora en el Congreso, donde se someterá a una tramitación parlamentaria complicada, ya que algunos grupos como PP, VOX y Junts podrían oponerse, presionados por la CEOE o los rectores universitarios que han mostrado desde el principio su rechazo a la norma.
El Consejo Económico y Social (CES) señaló recientemente en su dictamen sobre el Estatuto del Becario la falta de «estimaciones sólidas» sobre algunos datos necesarios para determinar la viabilidad y la repercusión económica de la aplicación de esta norma.
En concreto, señaló que carecía de estimaciones «tanto del volumen y del flujo periódico» de personas que cursarán las prácticas no laborales que se busca regular, así como del número de empresas necesarias para atenderlos.
También advirtió de la especial dificultad que pueden tener las pymes para afrontar los costes y cargas que conlleva la norma y pide articular ayudas.
