Nereida Calero, consejera de Presidencia y Ordenación del Territorio de Fuerteventura, advirtió de la posibilidad de «hacer disparates irreversibles»
El Cabildo de Fuerteventura ha expresado este jueves en la Comisión General de Cabildos del Parlamento de Canarias su rechazo al decreto de vivienda. Aprobado por el Gobierno de Canarias, ya está en vigor y ha sido presentado por el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez.
La consejera de Presidencia y Ordenación del Territorio de Fuerteventura, Nereida Calero, de Coalición Canaria, ha advertido de la posibilidad de «destrozos de una envergadura importante».
«Hay que pensar con cabeza antes de hacer disparates irreversibles», ha dicho Calero, quien consideró necesario definir «la capacidad de carga». Mantener la obligatoriedad de los informes de impacto ambiental y corregir que el silencio administrativo sea considerado como positivo.
En el lado opiesto, la representante del Cabildo de La Palma, Ángeles Nieves Fernández Acosta, de CC, subrayó que para su isla este decreto es «como agua de mayo». «Es verdad que cada isla tiene su particularidad, pero en La Palma pasa por articular todo tipo de medidas urgentes», defendió.
En general, los intervinientes de los cabildos, con la ausencia de Lanzarote y El Hierro, y de los grupos parlamentarios, coincidieron en que el decreto necesitará de modificaciones y matizaciones, para lo cual el Parlamento debería tramitarlo como proyecto de ley.
Nereida Calero inició su intervención advirtiendo de que las necesidades son diferentes en cada isla. Por eso echa de menos «un estudio serio sobre la capacidad de carga de cada territorio». «Lo que para algunas islas puede ser una oportunidad, para Fuerteventura puede ser un serio problema», dijo Calero. Criticó que uno de los grandes logros de la Ley del Suelo, que fue la recuperación como suelo rústico del suelo no planificado, se revierta ahora para ser suelo urbanizable.
Respeto a la autonomía local
Pablo Rodríguez, matizó al respecto que la última palabra para recuperar el suelo rústico como urbanizable la tendrá cada ayuntamiento. El decreto respeta en todo momento la autonomía local.
La representante majorera se mostró preocupada con «la mezcla del uso turístico y residencial». Genera muchos problemas de convivencia y es uno de los motivos de los problemas de vivienda.
Otra discrepancia es el acortamiento de plazos de tramitación para los ayuntamientos. No tendrán tiempo para responder mientras que el silencio administrativo pasa a ser considerado positivo.
Es necesario realizar modificaciones
Augusto Hidalgo, consejero del área de vivienda del Cabildo de Gran Canaria, mostró su respaldo a este decreto. Con él, los cabildos pueden promover viviendas protegidas. No obstante, señaló que el decreto «entra mucho en el planeamiento municipal». Considera que genera dudas técnicas, por lo que defendió que se tramite en el Parlamento como proyecto de ley. Para que «de forma sosegada» las corporaciones insulares puedan aportar enmiendas a través de los grupos parlamentarios.
El consejero de Presidencia del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, defendió la «extraordinaria y urgente necesidad» de este decreto. Por la emergencia habitacional, es prioritaria la construcción de vivienda pública y la actuación de los promotores privados.
«La inmensa mayoría del articulado es consecuente con esta situación de emergencia y permitirá promover el valor del suelo para construir viviendas», indicó.
No obstante, para Ruano serían procedentes modificaciones puntuales si el Parlamento decide tramitar el decreto como proyecto de ley. Este afecta a la Ley del Suelo, a la Ley de Vivienda de 2003 y a la Ley de vivienda estatal.
Al respecto, indicó que hay que ser prudentes con los suelos de uso mixto, residencial y turístico y limitarlos a los que ya tienen esa declaración, sin que se puedan declarar otros nuevos.
La consejera de servicios sociales del Cabildo de La Gomera, Rosa Elena García Meneses, mostró su respaldo a la urgencia para promover la vivienda pública y que se puedan cambiar a residenciales parcelas planificadas para uso turístico cuando la promoción turística sea inviable.
También dijo que hay que abordar con cautela que se considere positivo el silencio administrativo cuando solo se da a los ayuntamientos un mes para contestar.
