Patrimonio del Gobierno de Canarias decide imponer una sanción de 229.000 euros a la empresa promotora ‘Cuna del Alma’ por daños arqueológicos
La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias decide imponer una sanción de 229.000 euros a la empresa promotora de la urbanización turística ‘Cuna del Alma’ que se desarrolla en Adeje por daños arqueológicos.
Así lo avanzó este martes Unidas Sí Podemos en Adeje que considera que «esta decisión es escandalosa y profundiza en la desprotección del patrimonio canario».
«No solo se ha destruido un yacimiento único, sino que ahora el Gobierno rebaja la sanción y minimiza la gravedad de los hechos, actuando al dictado de los intereses promotores», señalan.
El expediente sancionador reconoce tres infracciones graves. Entre ellas, destaca la alteración de un yacimiento arqueológico sin autorización, la ausencia de control arqueológico durante los trabajos de movimiento de tierra y la desobediencia a las medidas cautelares impuestas por el Cabildo de Tenerife.
La sanción se cifra finalmente en algo más de 229.000 euros y obliga a la promotora a ejecutar medidas compensatorias, a pesar de que los informes técnicos reconocen que el daño es «irreversible». Además, lamentan la rebaja de «más del 50%» en la sanción inicialmente prevista.
Críticas
El edil Gabriel González responsabiliza al grupo de gobierno municipal por no contar con un catálogo de protección del patrimonio cultural, tal y como obliga la legislación canaria vigente.
«El gobierno de Fraga ha sido cómplice de esta destrucción por no haber hecho sus deberes. La falta de un catálogo municipal de protección es una grave negligencia institucional», denuncia González.
La formación recuerda que esta resolución se conoce apenas cinco días antes de las movilizaciones convocadas en defensa del territorio y el patrimonio insular, previstas para el 18 de mayo.
«Mientras la ciudadanía se moviliza por la defensa de lo común, las instituciones se pliegan a los intereses privados», ha sentenciado el portavoz local. Por ello, este exige la revisión del expediente sancionador, la elaboración urgente del catálogo patrimonial y una actuación «firme y ejemplar» por parte del Ayuntamiento y del Gobierno de Canarias.
