El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investigará la actuación del Juzgado de Instrucción número uno de Arrecife por el caso de Romina Celeste, tras la queja presentada por la abogada de la familia de la joven
La autoridad disciplinaria del Consejo del Poder Judicial ha admitido la queja presentada por la abogada de la familia de la víctima. En el documento, la letrada Emilia Zeballos tachó de “relajada” la actitud del juzgado y señaló a las autoridades por entrar “en el juego” de las maniobras de la defensa para retrasar la instrucción.
Puede haber sanción
El primer paso que se ha de seguir ahora es que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ elabore un un informe de lo ocurrido. Ese será el paso previo para determinar si se abre o no un expediente disciplinario contra el juzgado de Instrucción de Lanzarote, que puede acabar en sanción para el titular.
La denuncia presentada por la abogada relata los impedimentos encontrados durante la investigación judicial. En noviembre de 2019 se encargó a la Guardia Civil un informe pericial acerca de unas tijeras compradas por el acusado para conocer si podrían trocear carne humana. No fue hasta enero de 2020 que el caso se derivó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esta última petición se elaboró hasta en dos ocasiones: en enero y en junio de 2020. Pero no fue hasta marzo de 2022 cuando el juzgado marcó un ultimátum y dio un plazo de 10 días al organismo para entregar el informe pericial. La prueba llegó en abril de 2022.
Informe psicológico
La abogada de la familia de Romina Celeste tachó de “irrelevante” la diligencia de las tijeras y consideró que solo era una maniobra para perder el tiempo. El caso de las tijeras no fue el único en retrasar la causa. La defensa también solicitó un informe psicológico del acusado, pero para la letrada acusadora el resultado de ese informe no condicionaba “la culpabilidad o las circunstancias de imponer la pena”.
La investigación del CGPJ se suma a la iniciada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El máximo organismo judicial canario realizó una primera investigación cuando el pasado enero se conoció la puesta en libertad del acusado. Hay que recordar que el único detenido por el caso y acusado de matar y descuartizar a su mujer, Raúl Díaz Cachón, salió de la cárcel tras haber pasado cuatro años en prisión provisional. Ese es el tiempo máximo permitido por la ley, sin tener aún fecha para su juicio.
