La concejala fue denostada por C’s al apoyar la moción de censura que devolvió a Bermúdez la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife
El Ministerio Fiscal ha entendido este miércoles que se debería de adoptar la medida de suspensión cautelar de la expulsión de la actual concejala del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, del partido Ciudadanos (Cs).
Así lo ha dicho el fiscal Jonay Socas en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santa Cruz de Tenerife, en la vista en la que se han examinado las medidas cautelares solicitadas por Alonso contra su expulsión de Cs, y en la que ambas partes han refrendado sus posturas.
Alonso fue expulsada de Ciudadanos después de que apoyara la moción de censura contra la entonces alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, del PSOE, Patricia Hernández, que gobernaba en el apoyo de su fuerza política.
No fue una renuncia
La Fiscalía entiende que Alonso no renunció voluntariamente a su derecho fundamental de ejercicio y militancia política, y la expulsión es una de las sanciones “más graves” que un partido político puede imponer a un afiliado.
Siempre desde un carácter cautelar, la Fiscalía ha expuesto que si bien es cierto que parece que se cumple el régimen de comunicaciones previsto en el reglamento sancionador del partido, ese régimen plantea dudas sobre todo en cuanto a la recepción efectiva por parte de la actora.
Tampoco entiende Socas, y lo ha considerado de hecho “lo más grave”, la aplicación del procedimiento “sumarísimo”, que en su opinión no se justifica, ni por qué se da esa urgencia, y después de que Ciudadanos comunicara a finales de junio del año pasado cuáles eran las normas éticas, programáticas y modos de proceder en el asunto.
Además, Socas ha recordado los casos de la expulsión de los concejales Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, en los que Cs acudió a un procedimiento general, no sumarísimo, cuando a su juicio eran casos de falta a la disciplina del partido muy parecidos al de Alonso.
Socas ha coincidido con el letrado defensor de Alonso en que su expulsión la realizó un órgano del partido no competente para ello.
Conclusiones
Ha determinado por todo ello que existen elementos que le llevan a considerar que esa decisión no estaba ajustada al procedimiento desde la óptica de los derechos fundamentales.
El fiscal tampoco concuerda con Ciudadanos en que no exista peligro o riesgo alguno para Alonso porque ya ha manifestado públicamente que no quiere seguir en el partido, pero en el escrito de demanda se desprende “todo lo contrario”, según Socas.
Y ha aludido igualmente a la merma en derechos económicos o la imposibilidad de poder participar desde lo público o privado de las decisiones de actuación del partido por parte de la actual edil no adscrita.
Se ofrece 500 euros a la parte demandada, pero ésta se opone porque considera que en realidad deberían ser unos 6.000, y se alude al perjuicio ocasionado, pero solo eso: una manifestación sin prueba alguna, según el fiscal, por lo que la Fiscalía entiende que los 500 es la cantidad más ajustada.
Aquella moción
Evelyn Alonso presentó una demanda contra Ciudadanos en julio del 2020 argumentando que su expulsión fue irregular porque no cumplió con los trámites de comunicación y audiencia.
El lunes 29 de junio, tres días después de la entrada de Alonso al consistorio, Coalición Canaria y Partido Popular registraron la moción de censura contra la alcaldesa socialista Patricia Hernández.
Ese nuevo pacto sumó una mayoría de 14 votos en un pleno de 27 escaños: 10 escaños de CC, 3 del PP y Alonso, frente a los 9 del PSOE, los 3 de Podemos y la edil Matilde Zambudio, también de Ciudadanos.
La dirección de Cs expulsó ese día a la concejala. La por aquel entonces portavoz nacional del partido, Melisa Rodríguez, dijo que su expulsión no solo se debió por ignorar las directrices del partido, sino también por asegurar que lo acataría y luego no hacerlo.
Evelyn Alonso se convirtió así en la primera concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y contó con el apoyo del alcalde santacrucero surgido de la moción de censura, José Manuel Bermúdez (CC), que retomaba el cargo tras dos mandatos entre el 2011 y el 2019.
