La ley de promoción de los planes de pensiones de empleo continúa su tramitación en el Congreso tras superar la enmienda de BNG gracias a los votos de PP, Vox y Ciudadanos
![](https://rtvc.es/archivos/2022/03/pensiones-1024x768.jpg)
La ley de promoción de los planes de pensiones de empleo continuará su tramitación en el Congreso de los Diputados tras superar el trámite de veto gracias a los votos de PP, Vox y Ciudadanos, ya que ERC y EH Bildu han apoyado la devolución de la norma al Gobierno.
La enmienda a la totalidad de la formación gallega BNG, que alegaba que esta norma avanza hacia la sustitución del sistema público de pensiones por uno privado, ha sido rechazada por 316 votos en contra -entre ellos, los de PP, Vox y Ciudadanos– y 25 a favor -incluidos los de ERC, EH Bildu y la CUP-.
En la defensa de la única enmienda de totalidad, el diputado del BNG Néstor Rego ha alertado de que el objetivo de esta norma es avanzar hacia la sustitución del modelo de pensiones públicas por uno de «capitalización privada».
ERC ha mostrado su apoyo al veto porque, según ha expresado su diputado Jordi Salvador, «el sistema de pensiones tiene que ser únicamente público». Ha añadido que los recursos públicos no deben destinarse a bonificar los planes privados. «Esta ley es la puerta de entrada a las pensiones privadas», ha resumido.
El diputado de EH Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo ha defendido el apoyo de su formación al veto porque los incentivos a los planes de empleo debilitarán el sistema de la Seguridad Social y porque «invade competencias autonómicas».
Partidos que rechazaron la enmienda de BNG
En cambio, entre los partidos que han rechazado la enmienda y la devolución del texto al Gobierno figuran las formaciones que conforman el Ejecutivo -PSOE y Unidas Podemos- PP, Vox, Ciudadanos, PNV y PRC.
El diputado del PP Tomás Cabezón ha justificado su rechazo a la enmienda por «compromiso» con el sistema de pensiones y Pablo Sáez (Vox), porque su formación puesta por complementar las pensiones públicas, pese a que ambos portavoces han criticado la ley.
El diputado de PNV Íñigo Barandiarán ha rechazado el veto porque la promoción de estos planes ya estaba prevista en el Pacto de Toledo, mientras que la diputada de Ciudadanos María Muñoz ha considerado que la enmienda «parte de premisas falsas» como que los planes merman el sistema público de pensiones.
Escrivá defiende que no menoscabará el sistema público
El ministro de Inclusió, José Luis Escrivá, ha defendido que la ley no supone un menoscabo de las pensiones públicas. Insiste en que el riesgo no son estos planes colectivos, sino que los planes individuales creen diferencin que entre pensionistas con alta capacidad de ahorro y los que no.
Asimismo, ha recordado que esta ley parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, «hoja de ruta» de todos los cambios normativos.
La ley de planes de pensiones de empleo pretende favorecer el desarrollo de los planes colectivos de pensiones. En especial entre trabajadores de rentas medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas, con el impulso de la negociación colectiva, bonificaciones fiscales y la creación de fondos de promoción pública.
Bonificaciones a empresas
La ley prevé bonificar a las empresas que asuman estos planes con descuentos en las cotizaciones de hasta 115 euros al mes por empleado. Mientras que los trabajadores podrán deducirse sus aportaciones en el IRPF incluso cuando su contribución sea superior a la de la empresa.
El objetivo es facilitar el acceso a estos mecanismos de ahorro de bajas comisiones a trabajadores de rentas medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas, trabajadores autónomos y jóvenes.
Entre los incentivos para las empresas, aquellas que desarrollen planes de pensiones para sus trabajadores podrán descontar de las cotizaciones a la Seguridad Social las aportaciones a dichos planes con un máximo de 115 euros al mes por empleado o 1.380 euros al año, lo que supondría un ahorro de casi 400 euros por trabajador.
Planes de pensiones de empleo
Además, el trabajador podrá hacer a los planes de empleo una aportación mayor a la de la empresa a efectos de la deducción en el IRPF, cuando hasta ahora su contribución solo podía ser igual a la de la empresa.
Así, las deducciones del trabajador podrán llegar a 1.250 euros anuales si la empresa pone hasta 500 euros, a 2.000 euros si la empresa pone entre 501 y 1.000 euros, a 2.250 euros si la empresa aporta entre 1.001 y 1.500 euros, y a igual cantidad que la empresa si ésta aporta más de 1.501 euros (sin que sumen ambas más de 8.500 euros).
Los autónomos se podrán deducir un máximo de 5.750 euros anuales.