La Unión Europea lamenta la muerte de más de un centenar de manifestantes en las protestas registradas en Sudáfrica contra el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma por desacato, aunque ha respaldado las acciones del Gobierno para reestablecer la calma y que prevalezca el Estado de Derecho
En un comunicado conjunto, la delegación de la UE y las embajadas de los Veintisiete en Sudáfrica ha mostrado su «tristeza» por la «perdida de vidas sin precedentes durante los disturbios» y ha denunciado los casos de violencia y pillaje que han sacudido el país la última semana.
«Nos preocupan las informaciones que apunta a acciones organizadas y apoyamos al Gobierno en sus esfuerzos para devolver la paz y restaurar el Estado de Derecho y garantizar la rendición de cuentas. Pedimos al Ejecutivo que dé los pasos necesarios para este fin», recoge el comunicado.
Las protestas que desde hace días sacuden Sudáfrica en contra del encarcelamiento del expresidente han dejado 117 personas muertas y más de 2.200 detenidas. En este sentido, la UE ha pedido que las fuerzas públicas actúen «de forma proporcionada» y respetando los Derechos Humanos.
En todo caso, los Veintisiete han cerrado filas en torno al mensaje del Ejecutivo de Cyril Ramaphosa de que no cabe lugar para la violencia en el marco de las protestas y sobre la cuestión de fondo, los procesos judiciales que rodean a Zuma, un portavoz de Exteriores del bloque ha señalado que son una «importante prueba» para las instituciones estatales y para la independencia judicial.
«La UE es un firme partidario de la independencia judicial y respeta el resultado de sus procesos», ha añadido la portavoz sobre la situación que atraviesa Sudáfrica. Las movilizaciones estallaron después de que Zuma ingresara en prisión tras ser condenado por el Tribunal Constitucional a 15 meses de cárcel por negarse a testificar ante un panel de jueces que está investigando los presuntos casos de corrupción en los que estuvo implicado durante sus nueve años de mandato.
El presidente dice que los disturbios fueron «instigados
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha afirmado que los últimos disturbios y protestas en el país, que se han saldado con cerca de 120 muertos, «han sido instigados», antes de recalcar que las autoridades no permitirán que se «secuestre la democracia».
«Como Gobierno, estamos extremadamente preocupados por lo que ha pasado aquí y estamos haciendo todo lo posible para hacerle frente», ha dicho durante una visita en la provincia de KwaZulu-Natal, una de las más afectadas por las movilizaciones tras el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, según ha informado el diario sudafricano ‘News 24’.
«Está bastante claro que todos estos incidentes de vandalismo y saqueos fueron instigados», ha apuntado, sin señalar responsabilidades. «Estamos detrás de estas personas, hemos identificado a un buen número de ellas y no permitiremos que la anarquía y el caos sacudan el país», ha agregado.
El presidente ha lamentado «todo el daño hecho al país» y la muerte de personas en los disturbios, que ha descrito como «el asunto más preocupante». «No permitiremos que nadie secuestre nuestra democracia. No permitiremos que la destruyan, es una democracia por la que se ha luchado duro. No permitiremos que acaben con ella»
Las autoridades sudafricanas elevaron el jueves a 117 los muertos en las protestas, en las que han sido detenidas más de 2.200, mientras que el Gobierno desveló que sopesa planes para desplegar a otros 25.000 militares para hacer frente a las protestas y disturbios de los últimos días tras el encarcelamiento de Zuma.
Zuma se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica que es condenado a prisión desde que el Congreso Nacional Africano (ANC) –partido que encabezó entre 2007 y 2017, cuando fue apartado en un consejo interno por su vicepresidente, Ramaphosa– se hizo con el poder en 1994.
La caída de Zuma tuvo lugar en medio de la indignación popular por el peso de la familia Gupta, de origen indio, en la economía y la política del país africano, acusaciones que fueron recogidas en un informe de la ex Defensora Pública sudafricana –figura equivalente al Defensor del Pueblo– Thuli Madonsela titulado ‘La captura del Estado’.