El Ayuntamiento capitalino ha presentado una batería de medidas cuyo objetivo es dar respuesta a la emergencia habitacional en Las Palmas de Gran Canaria y al acceso a una vivienda digna
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado este lunes una batería de medidas para reforzar la acción del Gobierno de la capital grancanaria con el objetivo de dar respuesta al acceso a una vivienda digna.
La alcaldesa, Carolina Darias, ha señalado que “hemos acordado un impulso de la acción del Gobierno que se orienta a consolidar los avances alcanzados, intensificar las políticas en curso y desplegar nuevos instrumentos municipales que nos permitan ampliar el parque de vivienda asequible, mejorar la regulación del mercado residencial y reforzar la coordinación interadministrativa”.
Darias ha recordado que, aunque las competencias en materia de vivienda corresponden al Gobierno de Canarias, “los ayuntamientos no podemos permanecer al margen de una demanda tan sensible para la ciudadanía”. “Las Palmas de Gran Canaria es la principal ciudad del Archipiélago, referente económico, social y, especialmente, político de progreso. La ciudadanía nos otorgó su confianza y nuestro compromiso es continuar con las políticas que estamos desarrollando, impulsar iniciativas propias y mantener una interlocución firme y respetuosa con las instituciones autonómicas, promoviendo la necesaria corresponsabilidad para dar una respuesta efectiva a las necesidades de los vecinos y vecinas”, ha añadido.
Emergencia habitacional
Por su parte, el concejal de Desarrollo Local, Empleo, Solidaridad, Turismo, Movilidad y Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, ha resaltado que «la emergencia habitacional es el principal problema que tiene planteado en este momento Canarias”. “Desde el Gobierno tripartito del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hemos sido capaces de reconocer esa situación y dar un nuevo impulso a las políticas de vivienda, porque es evidente que las actuales son completamente insuficientes frente a los discursos de mirar para otro lado, el discurso de intervenir, el de cuestionar los fenómenos especulativos, el de actuar para defender el interés general y a la gente más vulnerable de nuestra sociedad”, ha dicho el primer teniente de alcaldesa.
Gemma Martínez Soliño, concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad, Energía, Parques y Sector Primario y segunda teniente de alcaldesa, ha dicho que «para nosotras era fundamental que como pacto de progreso pusiéramos el foco en el mayor problema de la gente de nuestra ciudad: el derecho a la vivienda. Creemos que la ciudadanía nos está exigiendo que pongamos soluciones reales y éste es un acuerdo valiente para dar un paso más en esa dirección».
Durante el presente mandato ya se han materializado actuaciones relevantes en materia de rehabilitación y reposición de vivienda pública, una línea de trabajo que se mantendrá y reforzará con nuevas iniciativas orientadas a ampliar el parque público y facilitar el acceso a la vivienda a la población del municipio. Asimismo, se ha instado al Gobierno de Canarias a declarar zona de mercado tensionado a la ciudad con el fin de topar los precios de los alquileres y limitar las viviendas vacacionales de conformidad con la nueva ley autonómica.
Acciones para garantizar el derecho a la vivienda
Entre las principales medidas figura el incremento del parque público de vivienda mediante la construcción de nuevas promociones destinadas al alquiler asequible, así como la adquisición de viviendas ya edificadas. El Ayuntamiento trabajará además para activar el derecho de tanteo y retracto como facultad preferente de adquisición sobre viviendas, una competencia actualmente atribuida al Gobierno de Canarias, con el objetivo de incorporar viviendas y edificios completos al parque público de alquiler asequible.
El Gobierno municipal estudiará asimismo fórmulas complementarias para mejorar el acceso a la vivienda, como el establecimiento de derechos de usufructo temporal sobre viviendas de titularidad privada destinadas al arrendamiento a precios asequibles. Estas actuaciones serán gestionadas por una nueva división específica que se creará dentro de GEURSA.
El documento contempla también el impulso a las cooperativas de vivienda y a los modelos de vivienda colaborativa, así como el aumento del suelo disponible para la construcción de viviendas con reserva de vivienda protegida. De forma paralela, el Ayuntamiento continuará trabajando con el Gobierno de Canarias para agilizar la tramitación de la Declaración de Zona de Mercado Residencial Tensionado, que permitirá establecer límites a los precios del alquiler.
Protección de la vivienda residencial
En relación con la protección prioritaria de la vivienda residencial frente al uso turístico, se prevé la aprobación de instrumentos urbanísticos ágiles, como ordenanzas provisionales, para adaptar la normativa vigente a las nuevas determinaciones y limitaciones del uso turístico en viviendas. Asimismo, se limitará de forma inmediata la habilitación de este uso conforme a la legislación en vigor y se reforzarán las herramientas de control e inspección urbanística, junto con los medios municipales de seguimiento.
Finalmente, la ciudad se dotará de un Observatorio Municipal de Vivienda como instrumento de estudio, seguimiento y difusión de datos actualizados sobre la situación residencial en Las Palmas de Gran Canaria. Este organismo permitirá disponer de información sobre la evolución de los precios de alquiler y venta, el impacto del uso turístico de viviendas y otros indicadores relevantes que servirán de apoyo técnico para la toma de decisiones públicas.
