La Audiencia de Las Palmas comenzará a juzgar el 25 de abril la cuarta pieza del «caso Montecarlo». Se trata de una trama de presunta corrupción en la que se acusa al exalcalde de Arrecife (Lanzarote) José Montelongo, cuatro exconcejales, seis empleados municipales y un empresario de «expoliar» 842.000 euros de fondos municipales del Consistorio.
En su escrito de acusación, la Fiscalía señala como pieza clave en esta trama al entonces interventor de Arrecife, Carlos Sáenz. Fue condenado con anterioridad en causas muy similares relativas al mismo Ayuntamiento y también al Consistorio de San Bartolomé.
El Ministerio Público señala que Carlos Sáenz «se concertó» con el empresario Carlos Lemes, también imputado, «para llevar a cabo la sustracción de fondos públicos» del Ayuntamiento de Arrecife a través de las sociedades de este último, Inelcon y Señalcon. A esas empresas se concedieron «de forma directa y verbal» múltiples contratos entre los años 2008 y 2012 por cuantías que se fraccionaban para hacerlos pasar por menores y evitar la competencia.
El procedimiento, relata el fiscal, contaba con la participación de una serie de empleados municipales y de concejales, singularmente los de Hacienda -cargo que desempeñaba en aquellas fechas el luego alcalde de la ciudad, José Montelongo- para dar apariencia de legalidad a todas esas contrataciones y proceder a su pago.
Según el fiscal se incumplía con la normativa de contratación pública
Y todo se hacía, subraya, «a sabiendas por todos ellos de que se incumplía descaradamente con la normativa de contratación pública y se daba vía libre al arbitrario enriquecimiento de ambas entidades privadas», Inelcon y Señalcon.
Gran parte de esos contratos se llevaron después al pleno para incluirlos en el procedimiento de pago a proveedores que articuló el Estado a través del ICO para ayudar a los ayuntamientos a ponerse al día con sus acreedores. Sostiene que no consta que el resto de concejales de la corporación que votaron a favor de pagarlos conocieran las irregularidades que había detrás de ellos.
La Fiscalía sostiene que las empresas del procesado Carlos Lemes no solo recibieron contratos adjudicados de manera irregular, sino que inflaban de manera «sistemática» sus cuantías un 22 %. Asegura que incluían » indebidamente el 16 % de beneficio industrial y el 6 % de gastos generales en todas las facturas de prestación de servicios».
De acuerdo con los cálculos de la acusación, Inelcon y Señalcon facturaron al Ayuntamiento de Arrecife en los contratos objeto de este proceso 3.469.086 y 135.199 euros, respectivamente. Importes en los que hay cantidades que suman «un mínimo» de 841.794 euros «que obedecen a servicios no prestados» en realidad a la ciudad.
La fiscalía lo define como un «expolio»
La Fiscalía resume en varios pasajes de su escrito lo ocurrido en aquellas fechas en el Ayuntamiento de Arrecife como un «expolio», que traduce legalmente en delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la administración y falsedad.
En cuanto a las penas, pide seis años de cárcel para interventor Carlos Sáenz y para el empresario Carlos Lemes, cinco años y medio para José Montelongo por su participación en los hechos como concejal de Hacienda, cinco años y tres meses para los exconcejales Eduardo Lasso (Festejos, PIL) e Isabel Martinón (Hacienda, PNL) y cinco años para los exediles Víctor San Ginés (Festejos, PSOE) y Alberto Morales (Obras y Servicios, PSOE).
Asimismo, demanda condenas de prisión que oscilan entre los cuatro años y nueve meses y los cinco años y tres meses para los empleados y técnicos municipales José Nieves, Miguel Ángel Leal, Penélope Tabares, José Antonio Cabrera e Isidro Hernández.
Ninguno de los políticos señalados en este caso forma parte en la actualidad del Consistorio. José Montelongo dimitió de su cargo de alcalde el 25 de abril de 2016 tras ser imputado en el supuesto expolio por el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife.
