El Cabildo de Gran Canaria, que participa en un 40% en el consorcio junto a los 21 ayuntamientos y el Gobierno de Canarias, no contempla ese escenario
La junta de personal del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha acusado este jueves al Cabildo de querer privatizar «ciertos» parques de bomberos. Aseguran que es como «castigo» y en «venganza» por el centenar de sentencias que han ganad. Y que les dan la razón sobre la jornada laboral que reivindican desde 2012, cuando se les amplió de forma «ilegal».
El Cabildo de Gran Canaria, que participa en un 40% en el consorcio junto a los 21 ayuntamientos y el Gobierno de Canarias, no contempla ese escenario
En una rueda de prensa, el presidente y el vicepresidente de la junta de personal, José María Monzón (CCOO) y Pedro Gallego (CSIF), respectivamente, han denunciado las pretensiones del Cabildo, a cuyos responsables culpan del «caos» en el que se encuentra el servicio por la falta de personal.
Según han explicado, son ocho los parques de la isla, aunque el de Tejeda permanece cerrado por la carencia de bomberos. Y en cada uno de los otros siete debería haber entre cinco y seis efectivos, pero están servidos por dos en ocasiones. Dicen que eso pone en riesgo a los trabajadores y también la atención debida a los ciudadanos.
Gallego ha informado de que el pasado día 3 de octubre, el Cabildo propuso la privatización de servicios en la junta general del Consorcio. Integrada por 19 ayuntamientos de Gran Canaria y por el Gobierno de Canarias. Dice que alegan que no dispondrán de personal suficiente si aplican la jornada que recoge las sentencias que han ganado en los tribunales tras doce años de conflicto.
Un «caos» creado «de forma intencionada»
El presidente de la junta de personal del Consorcio ha afirmado que ha sido el Cabildo el que ha provocado este «caos» de forma «intencionada». Al haberse negado a negociar con los sindicatos en estos años. Y sobre todo, a partir de 2019 cuando ganaron la primera sentencia, con lo que deberán indemnizar a los bomberos de la entidad con casi 20 millones de euros por las 400 horas extras anuales efectuadas desde 2012.
Tanto Gallego como Monzón han reclamado al Cabildo que se siente a negociar con la junta de personal. Y que los representantes de la plantilla puedan participar en las reuniones de la junta general del Consorcio. Además de demandar la contratación de 39 efectivos a través de la lista de reserva para poder cubrir de forma inmediata la falta de personal.
Gallego ha indicado que el Consorcio cuenta con 235 bomberos pero son 196 los que están trabajando de forma efectiva. Por lo que la contratación de los 39 adicionales que solicitan no generaría cambio alguno en el presupuesto de la corporación insular.
Además, han reclamado una oferta pública de empleo, pues la última se convocó en 2012 y no se resolvió hasta 2019, así como una auditoría de las cuentas del Consorcio, pues tampoco entienden cómo se ha podido generar un remanente de tesorería de más de 35 millones de euros entre los años 2010 y 2022.
Monzón ha incidido en la «lucha» que ha tenido que emprender el colectivo de bomberos contra el Cabildo y a la que han tenido que destinar «cientos de miles de euros» para contratar a abogados de prestigio que defendieran su causa, así como en lo «maltratados» que se sienten por el presidente de la corporación, Antonio Morales; el consejero presidente del consorcio, Pedro Justo, y por el gerente, Emilio Duch.
«Ninguna mejora del servicios»
Los representantes de la junta de personal han advertido de que la privatización «no significará ninguna mejora del servicio«. Y que en ningún lugar de España existe esta fórmula porque estos trabajadores han de ser funcionarios públicos.
Así mismo, han responsabilizado a Morales de no haber asumido las competencias que le corresponden en esta materia por la Ley de Cabildos de 201. Ya que los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son 12 en Gran Canaria, no deben costear este servicio al ser competencia directa de la corporación insular.
Según los representantes de la junta de personal, los responsables del Cabildo, ante la situación creada, deberían tener la «decencia de dimitir«.
A todos ellos, Gallego ha culpado de querer dar «sensación de colapso del servicio«, cuando es una «engaño para blanquear la situación que han producido de forma insidiosa y de mala fe». Y de tratar de «castigar por haber vencido» en los tribunales con el fin de «no admitir su gestión ineficaz».
