María José Montero ha confirmado esta noticia en el Pleno del Congreso, un sistema de financiación autonómica caducado desde 2014
La ministra de Hacienda y Función Pública, María José Montero, ha confirmado este miércoles que en los meses que restan de legislatura hasta las elecciones generales de finales de este año no se aprobará la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014.
En respuesta en el Pleno del Congreso a una pregunta del diputado de Compromís, Joan Baldoví, sobre este asunto la ministra ha afirmado que será «en la siguiente legislatura» cuando «habrá que seguir trabajando para que el modelo se pueda consensuar y no sea un modelo impuesto solo por una parte de los partidos políticos que componemos esta cámara. Ese es el compromiso del Gobierno y de mi partido», ha subrayado.
En la actualidad, ha manifestado, «es difícil que con la interlocución exclusiva en el ámbito de los territorios podamos llevar adelante una reforma en la que nadie tenga expectativas máximas y todos entendamos que se cumplen parte de esos deseos que tenemos con el nuevo modelo».
Para explicar por qué en estos últimos años no se ha podido afrontar la reforma, Montero ha señalado que esta «era» una materia que «estaba en la primera linea política antes de que esta legislatura tuviera que enfrentar elementos tan graves como la pandemia y la guerra de Ucrania«.
Sistema caducado desde 2014
El diputado de Compromís y candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana en las autonómicas de mayo ha declarado que durante sus 12 años en el Congreso he podido ver cómo se aprobaba repetidas veces el convenio navarro y el cupo y el concierto vascos -«y me parece bien», ha precisado-, sin que hubiera «ningún problema entre el Partido Popular y el Partido Socialista».
«El problema ha venido -ha continuado- cuando hemos planteado la reforma de un sistema de financiación autonómica caducado desde 2014 y siempre hemos recibido excusas, excusas y más excusas y deuda y más deuda».
En este sentido ha indicado que durante el último gobierno del PP la deuda de la Comunitat Valenciana pasó de 21.000 millones de euros en 2011 a 47.000 en 2018, es decir, «26.000 millones más con el PP», pero es que además en esta legislatura van otros 7.000 millones, lo que supone «más de 40.000 millones de una deuda absolutamente ilegítima».
«Ilegítima -ha proseguido- porque para prestar los mismos servicios que otras comunidades los valencianos nos tenemos que endeudar en una espiral absolutamente perversa, porque estamos obligados a dedicar uno de cada cuatro euros a pagar una deuda ilegítima»
«Tenemos una hipoteca, pero no tenemos un piso», ha resumido Baldoví la situación, antes de añadir: «somos la única comunidad que teniendo una renta inferior a la media pagamos como si fuéramos una comunidad rica, aportamos en lugar de recibir».
