Aldama se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación por el ‘caso Mascarillas’ mientras que Olivera aseguró «que nadie fue cómplice de trama alguna»
El empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del ‘caso Koldo’ e investigado por los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y delito de tráfico de influencias, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario en pandemia, el denominado también como ‘caso Mascarillas’.
De Aldama, asistido por su abogada, solo se ha limitado a corroborar que conoce al expresidente canario y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y que sale con él en una foto tomada en sede socialista de Ferraz, por lo que su presencia en la Cámara se ha reducido a escuchar las preguntas de los siete grupos parlamentarios.
La empresa vinculada al empresario, Soluciones de Gestión, facturó al Servicio Canario de Salud 12,3 millones durante la pandemia por tres envíos de mascarillas.
En medios de comunicación y en sede judicial ha afirmado en el pasado que le pidieron 50.000 euros para Torres a cambio de facilitar la venta de mascarillas pero se negó a abonarla –extremo negado por el ministro– y que hubo comisiones en la adjudicación de las obras de reforma de los antiguos cines Royal, en Las Palmas de Gran Canaria, para convertirse en sede de la Agencia Tributaria Canaria.
Preguntas de los grupos parlamentarios
El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha dicho que es «una pena» que de Aldama no quiera responder a los grupos porque ayudaría a «levantar las alfombras» en Canarias, parecidos argumentos a los de Fernando Enseñat (PP), que le ha afeado su «silencio» porque aportaría «mucha luz» para esclarecer presuntos delitos.
José Alberto Díaz-Estébanez, del Grupo Nacionalista, ha reconocido la «expectativa» que genera cada comparecencia del empresario y lamentado «muchísimo» que no haya querido declarar debido a su «estrategia mediática y jurídica». «Su silencio es muy revelador», ha agregado.
La presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, le ha reprochado que «habla en todos los sitios» menos en el Parlamento porque aquí tiene que «decir la verdad», de tal forma que su silencio «le delata». «No se atreve porque sabe que estaría delinquiendo», ha señalado.
En esa línea le ha cuestionado que no presenta pruebas de sus «calumnias como una casa». «Usted no ha demostrado nada, tenía la oportunidad de traer hoy aquí todas las pruebas y no ha sido capaz porque no existen», ha indicado.
Fierro ha tenido un breve desencuentro con De Aldama al tratar de recordar su implicación en la trama del fraude de hidrocarburos. «Vaya a lo que tiene que ir», le ha espetado a la diputada socialista.
Comparece también Antonio Olivera
El exdirector del Servicio Canario de la Salud, Antonio Olivera, ha asegurado este jueves en comisión parlamentaria que está «muy tranquilo» de su intervención durante la pandemia, pues, ha destacado, se cumplió el objetivo de salvar vidas y disponer de material para afrontar los problemas.
Antonio Olivera, actualmente jefe de gabinete del ministro Ángel Víctor Torres, quien durante la pandemia era presidente de Canarias, ha recordado que no es investigado en ninguna causa y ha apuntado que se investigan compras por más de 20 millones de euros pero por cuestiones en las que él no estaba implicado.
Durante su comparecencia, Olivera ha opinado que una comisión parlamentaria de investigación sobre las compras de material sanitario durante la pandemia, es algo útil para extraer lecciones para el futuro, pero, ha añadido, si se convierte en un espacio de revanchismo político se deteriorará más la confianza de los ciudadanos en la política y además los funcionarios pensarán mucho si toman decisiones para salvar vidas.
Olivera fue director general del Servicio Canario de la Salud de marzo a junio de 2020, y sumó esta actividad a la de Viceconsejero de la Presidencia, y este jueves ha destacado que en la primera oleada de la pandemia Canarias fue la comunidad autónoma «que más vidas salvó».
Hizo hincapié en el trabajo «excepcional» que se hizo en las residencias de mayores, donde «se lograron los menores registros de afección de toda España mientras que en otras comunidades autónoma se dejaba morir de forma terrible».
No era un encargo sencillo
Antonio Olivera ha manifestado que no era sencillo cumplir el encargo de tener material en una momento en el que no había existencias en el mercado habitual, pues sólo había en China y todos los países «se peleaban» por conseguirlo.
Se buscaban proveedores tanto habituales como no y se abrió el abanico de ofertas, y hasta se habilitó un correo electrónico para no perder posibilidades, ha comentado, para agregar que la clave estaba en tener buena conexión con China y poder traer el material de forma directa.
Durante la comparecencia de Antonio Olivera los diputados de los grupos Popular, Fernando Enseñat, y Nacionalista (CC), Vidina Espino, centraron sus preguntas en los contratos firmados con las empresas Soluciones de Gestión y RR7, que en el caso de la segunda está judicializada la reclamación de 4 millones de euros por parte del Gobierno canario.
Antonio Olivera ha dicho que en el caso de Soluciones de Gestión recibió la llamada de su director, Íñigo Rotaeche, quien le aseguró que podían entregar material, por lo que le pidió una propuesta, y en un momento en el que se consumían unas 500.000 mascarillas a la semana se hizo un pedido de más de 2.000.000, y la primera entrega se hizo al día siguiente, mientras que los otros dos llegaron el 25 y el 28 de abril.
Dados los buenos resultados se hizo un pedido por otros 2 millones de euros y el material llegó el 12, el 14 y el 25 de mayo, y «no se adelantó ni un euro, a pesar de que en el contrato ponía que se abonaría el 50 por ciento» antes de que llegasen las mascarillas.
«Nadie fue cómplice en trama alguna»
Olivera ha explicado que cuando había dudas acerca de la calidad del material se enviaban muestras al centro nacional de Sevilla, y sólo se pagaba en función de la valía del mismo.
El exdirector del Servicio Canario de la Salud ha afirmado que «nadie fue cómplice en trama alguna», y en cuanto a los contratos con RR7 señaló que en ese momento ocupaba el cargo Conrado Domínguez
El diputado del grupo Popular Fernando Enseñat ha preguntado a Olivera si alguien le ordenó mirar para otro lado ante la comisión de presuntos delitos, y ha apuntado que algo más de 20 millones de euros están sujetos a investigación.
Soluciones de Gestión y RR7
Fernando Enseñat ha acusado a Antonio Olivera de actuar con «pasotismo» y «despreocupación» al no informar al presidente del gobierno de Canarias de los procesos de contratación, mientras que la exconsejera de Sanidad, Teresa Oval, ha declarado que sí lo hacía cuando estaba en el cargo.
Olivera ha insistido en que sólo se investiga judicialmente el contrato con RR7, pero por posibles comisiones irregulares ajenas a la contratación, y señaló que se firmó cuando él no era director del Servicio Canario de la Salud.
Enseñat se ha referido a que se le abrió la puerta a una empresa desconocida como Soluciones de Gestión, por 12 millones de euros, y afirmó que una cada tres de las mascarillas no eran válidas pero se volvió a contratar con ella, y agregó que esa empresa recibió un trato de favor.
Vidina Espino también se centró en los contratos formalizados con Soluciones de Gestión, tras la llamada de un «desconocido», Íñigo Rotaeche, director de la empresa, y se refirió a que el exasesor del ministro José Luis Ábalo reclamó un pago para esa empresa.
Olivera reconoció que el presidente Ángel Víctor Torres le preguntó como estaba el pago cuando él ya no era director del Servicio Canario de la Salud.
Espìno ha insistido en preguntar si Olivera se enteró por la prensa de los problemas con RR7 y ha comentado que Conrado Domínguez «nunca» ha reconocido que propusiera contratar con esa empresa.
Olivera ha asegurado que lo ha reconocido en un escrito enviado al juez, y Vidina Espino alegó que su antecesora en el cargo ha dicho que revisaba los contratos, a lo que el exdirector del Servicio Canario de la Salud ha dicho que antes de su incorporación al cargo se decidió que no tendría esa función.
Compras de la Dirección General de Recursos Económicos
Ha insistido en que la decisión de las compras las adoptaba la directora general de Recursos Económicos, Ana María Pérez, quien lo hizo «se forma directa, sin indicaciones», y a quien Olivera ha definido como una funcionaria «muy competente».
En respuesta al diputado de ASG, Jesús Ramos, ha dicho que las existencias de material se terminaron en días y había una presión «tremenda, con necesidades absolutas», y se hicieron reuniones todos los días en la dirección del Servicio Canario de la Salud para revisar todos los parámetros.
Las llamadas de empresas se recibían «continuamente» y con él no se puso en contacto ningún comisionista, ha aseverado Antonio Olivera, que ha insistido en que «nunca» pensó que alguien quisiera aprovecharse, que hubiera «desalmados».
La decisión sobre las contrataciones la tomaba la Dirección General de Recursos Económicos, y desde el Gobierno de España «nunca nos dijeron directamente que utilizáramos un proveedor concreto, y mucho menos recibimos» una orden, enfatizó Olivera, quien también dijo que no conocía a los propietarios de RR7.
Contratación de emergencia
Ha recordado que la contratación de emergencia está prevista para momentos de gravedad, pero «cuando el mundo funciona», mientras que en este caso «el mundo saltó por los aires», y ha considerado que debería haber mecanismos especiales para circunstancias como las de la pandemia, ya que «si no nos ponemos en contexto no entenderemos nada».
Olivera, en la comisión de investigación en el Parlamento de Canarias, ignora si se recuperarán judicialmente los 4 millones de euros que se reclaman a la empresa RR7, pero confía en que los mecanismos den frutos, y ha estimado que en circunstancias tan excepcionales «a veces, hay que asumir riesgos en bien del interés general.
1.390 contratos
Nicasio Galván, de Vox, ha dicho que las incidencias se produjeron en más de dos contratos de los 1.390 que se formalizaron, e hizo hincapié en que los firmados con Soluciones de Gestión y RR7 representan económicamente el 15 por ciento del total, porcentaje que consideró elevado.
El diputado de Vox preguntó por la eficiencia «brutal» de Soluciones de Gestión porque Olivera recibió la propuesta el 21 de abril y al día siguiente se formalizó el pedido, a lo que Olivera respondió que el material estaba en Madrid y como esa empresa suministraba a las autoridades portuarias no provocaba incertidumbre.
Nicasio Galván indicó que algunos empresarios han criticado que no les pidieron material aunque se ofrecieron, y Manuel Olivera comentó que la diferencia está en que estas empresas pedían que se les adelantara dinero mientras que Soluciones de Gestión asumió el riesgo de disponer del material con anterioridad.
En respuesta a la diputada de NC, Esther González, el exdirector del Servicio Canario de la Salud respondió que el objetivo era salvar vidas y como ejemplo puso de nuevo la actuación en las residencias de mayores
Ha cuestionado Olivera los informes que la Audiencia de Cuentas ha hecho sobre la actuación del Servicio Canario de la Salud.
En respuesta a Nira Fierro, del grupo Socialista, aseguró que cualquiera de las personas que estaban en la comisión hubiera aceptado las propuestas «con los ojos cerrados, pero ahora juegan a valorar el pasado, y eso es una trampa que impide ver la realidad» de aquel momento y las circunstancias.
Olivera también ha afirmado que muchos serían más favorables a contrataciones de emergencia más ágiles si hubieran vivido en primera persona la situación, pero ahora dicen que serían más pulcros.
