El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, confirma el «perjuicio económico» en el caso mascarillas por la empresa RR7 al Servicio Canario de Salud
El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, ha confirmado «el prejuicio económico» del contrato suscrito por el Servicio Canario de Salud, SUC, con la empresa RR7 durante la pandemia.
Pacheco ha comparecido en la comisión de investigación del Senado sobre el caso mascarillas, por las que el SUC adquirió un millón de mascarillas por 4 millones de euros, y que no fueron entregadas.
Según Pacheco, ese contrato se envió al Tribunal de Cuentas para dirimir posibles responsabilidades contables. Ha negado “injerencias” o “presiones” del Gobierno de Canarias a la hora de realizar sus informes de fiscalización.
El presidente del órgano fiscalizador ha hablado sobre el informe que realizó la Audiencia de Cuentas durante la contratación en la pandemia.
Indicios de «responsabilidad contable»
Ha subrayado, “el perjuicio está claro, toda vez que se pagaron 4 millones de euros y no se sirvió nada en el contrato”, y en su informe se detectaron “indicios de responsabilidad contable”.
Según ha explicado Pedro Pacheco a preguntas de UPN, el contrato con RR7 se remitió al Tribunal de Cuentas para dirimir si existe una responsabilidad contable y el órgano fiscalizador abrió diligencias previas».
“Esa es la constatación real”, ha sostenido Pedro Pacheco, que ha precisado que la competencia sobre el contrato estaba delegada en una Dirección General, “que tendrá un marco de actuación que tendrá que justificar”.
Caso Koldo en el Supremo
Por otro lado, el juez que investiga el caso Koldo en el Supremo ha rechazado la petición del exministro José Luis Ábalos de que le devuelva el pasaporte y le permita salir de España.
El juez Leopoldo Puente, que también impuso a Ábalos la obligación de comparecer cada quince días en el Supremo, admite ahora la posibilidad de que lo haga en un juzgado de Valencia por ser esa la ciudad en la que vive, pero no acepta que el exministro de Transportes acuda cada quince días al juzgado que él elija «libérrimamente».
