El pleno del Parlamento de Canarias, primera sesión plenaria de 2026, debate, entre otros asuntos, el proyecto de ley de ordenación del servicio público audiovisual de Canarias
El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles proseguir con la tramitación de la ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias tras rechazar las enmiendas a la totalidad de PSOE y NC-BC.
La consejera de Administraciones Públicas, Presidencia y Justicia, Lady Barreto, ha comentado que la ley tiene la función de «regular de forma ordenada» el servicio público de comunicación audiovisual de Canarias y cuenta con el aval de Consejo Consultivo –aunque alerta de inconstitucionalidad de algunos artículos– y el Consejo Económico y Social.
Ha dicho que se respeta el «pluralismo democrático» aunque coincidan la Junta de Control y el mandato del Parlamento, y comentado que se han incorporado medidas pactadas con el sindicato mayoritario de RTVC, que los servicios informativos no sean subcontratados y que se subrogue el personal.
Ineficacia de la ley 2014
Barreto ha indicado que la ley de 2014 ha sido «ineficaz» y un «fracaso», con una década sin mandato marco aprobado, y entiende que el servicio público «no puede seguir dependiendo de soluciones provisionales y de parches normativos según vaya pasando el tiempo».
Ha alertado de la situación «crítica» y el «bloqueo» al que se ha sometido a RTVC, de tal forma que hace falta una nueva ordenación.
«Hoy damos un paso decisivo para desbloquear una situación que se ha prolongado durante demasiado tiempo y que permite garantizar un servicio público audiovisual fuerte, independiente y al servicio de todos los ciudadanos canarios», ha señalado.
Proyecto de ley «ilegal y antidemocrático», según NC-BC
Carmen Hernández, diputada de Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC), ha expresado una dura crítica al proyecto de ley impulsado por el Gobierno sobre la Radiotelevisión Canaria (RTVC), al que califica de “cacicada”, “ilegal” y “antidemocrático”. Según Hernández, la iniciativa vulnera el sistema democrático, tal como ha advertido el Consejo Consultivo, y plantea un debate de fondo sobre quién controla realmente la televisión pública canaria.
La diputada sostiene que el Gobierno pretende diseñar una televisión “más cómoda al poder político” y “más útil” a sus intereses, especialmente en un contexto preelectoral. A su juicio, el proyecto busca “secuestrar” el ente público en beneficio de Coalición Canaria, reproduciendo el bloqueo existente pero con una ventaja clara para el Ejecutivo. Denuncia que todo el poder se concentra en una sola figura, el administrador general, designado por el Gobierno y sin contrapesos efectivos, ni control parlamentario ni profesional.
Hernández considera que la Junta de Control queda “vacía de contenido”, ya que el administrador general asumiría plenos poderes en gestión, contratación y línea editorial. Además, reprocha al Ejecutivo no haber buscado consensos durante la legislatura y optar ahora por una solución que califica de “simple pero muy peligrosa”: restar poder al Parlamento. También lamenta la eliminación del Consejo de Informativos.
Como alternativa, NC-BC propone una nueva Junta de Control integrada por un representante de cada grupo parlamentario, ampliable según criterios de proporcionalidad. Finalmente, la diputada advierte del riesgo de externalizar los servicios informativos y reclama garantizar el empleo estable en RTVC, considerado esencial para preservar la independencia editorial del medio público.
Falta de diálogo con la oposición, según el PSOE
La presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, ha criticado duramente la actuación del Gobierno de Canarias y, en particular, del presidente Fernando Clavijo, por imponer y tramitar con urgencia una nueva ley sin diálogo previo con la oposición. Fierro considera que se trata de un “asunto nuclear” que debería haberse abordado desde el consenso parlamentario y sostiene que esta forma de actuar refleja el llamado “modo Clavijo” de gobernar, basado —según denuncia— en decisiones unilaterales y portazos al Parlamento.
Durante su intervención, reprochó al presidente que reclame acuerdos solo en los temas que considera prioritarios, mientras que en cuestiones relevantes para la Cámara autonómica impone su criterio, llegando a calificar la norma como la “ley Clavijo”.
Fierro también cuestionó la urgencia con la que se está tramitando la ley, criticó la vinculación del Gobierno con la Radio Televisión Canaria (RTVC) y lamentó la reducción del peso del Parlamento en el control institucional. Finalmente, advirtió de que el Consejo Consultivo ha alertado sobre la posible inconstitucionalidad de varios artículos y sobre el riesgo de comprometer la neutralidad institucional.
Terminar con una situación de provisionalidad
Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha comentado que este proyecto de ley pretende superar las «anomalías institucionales» del control de RTVC pues se ha funcionado «en un régimen transitorio y provisional».
Así, ha comentado que se busca una «salida democrática» para garantizar el «pluralismo político, social y también territorial, para reforzar la identidad canaria y para asegurar el derecho de la ciudadanía a una información que sea veraz y plural».
Ha lamentado que haya sido «imposible» constituir el órgano de control parlamentario y cree que la oposición hace un «flaco favor» a los trabajadores de RTVC cuando fía el buen funcionamiento a la Junta de Control.
Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que RTVC no puede seguir funcionando desde la «provisionalidad» y vivir en la «excepción», subrayando que la ley «no nace contra nadie» sino a favor de la «estabilidad».
Ha cuestionado la «parálisis orgánica» y el «bloqueo» del ente en los últimos años y destacado que el nuevo modelo de gobernanza «busca equilibrar eficacia, control democrático e independencia». «No estamos ante una ley que concentre poder», ha indicado.
Ha señalado que se «blinda» el carácter público de los informativos y da «garantías de continuidad laboral» a la plantilla.
La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha apuntado que el objetivo de la ley es derogar la de 2014 para que el ente «dependa aún más del Gobierno de Canarias y CC», afeando al Ejecutivo que no haya intentado «desbloquear» la situación en esta legislatura.
Jover ha advertido de que la Junta de Control y el administrador general pueden ser «susceptibles de presión política», lo que «compromete» la independencia editorial y operativa, al tiempo que ha cuestionado la falta de pluralidad en la programación de la radio y la televisión, y el «despilfarro, con un aumento del presupuesto.
Carácter público de los servicios informativos
Carlos Ester (PP) ha reprochado a los socialistas las «trampas» que se hacen en RTVE, con «sesgo político» en los informativos, y frente a esto, ha defendido que la nueva ley de RTVC va a dar «orden y limpieza» antes las «deficiencias» de la ley de 2014, que obligaba a gestionar vía decretos.
Ha criticado las «mentiras» del PSOE porque habrá «control parlamentario» y presentado como aval del Gobierno la firma del convenio colectivo en la ‘La Radio Canaria’.
Vidina Espino (CC) ha comentado que la ley es necesaria para acabar con el «bloqueo institucional» de la última década y medidas provisionales que han acabado «cronificándose», afeando a PSOE y NC-BC que votaron en contra de miembros de la Junta de Control.
Ahora, ha detallado, la ley mantiene una mayoría reforzada de tres quintos en la primera votación, pero si no hay acuerdo, en una segunda votación los miembros pueden ser designados por mayoría absoluta, similar esquema al del director general.
Asimismo ha valorado que por primera vez se «blinda» el carácter público de los servicios informativos pese a las «falsedades» de PSOE y NC-BC, y mostrado su deseo de que la ley salga con el mayor consenso posible.
Espino ha cargado contra las «contradicciones» de PSOE y NC-BC cuando en la pasada legislatura se dedicaron a «ampliar y ampliar las competencias» del administrador general, Francisco Moreno, al tiempo que ha ironizado con que durante el ‘Pacto de las Flores’ existía «teleRomán».
