El vicepresidente de Canarias ha denunciado que en España «no existe política migratoria» y el «bajo cumplimiento» del pacto migratorio en las islas
El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha lamentado este martes el «bajo cumplimiento» del pacto migratorio firmado en las islas en octubre del año pasado por la mayoría de los grupos parlamentarios mientras que la presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, le ha reprochado su falta de «ayuda» o de «arrimar al hombro» para intermediar con las comunidades del PP y cerrar el acuerdo de derivación obligatoria de menores migrantes.
En la sesión de control del Pleno del Parlamento, el vicepresidente ha censurado que en España «no existe política migratoria», en líneas con las críticas de Salvamento Marítimo y los cuerpos policiales, y con la previsión de que lleguen 70.000 personas más al archipiélago a final de año.
La Ruta Canaria, la más peligrosa del mundo
Ha indicado que la ruta migratoria a Canarias se ha convertido en la «más peligrosa del mundo», con 6.000 muertos el año pasado, y «no se implica» a la UE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está «de rodillas» ante Marruecos. ¿Están los socialistas para sacar pecho ante este drama?», se ha preguntado.
Fierro ha indicado que el Pacto Canario por la Migración era un «documento necesario» porque incluye la reforma de la ley de extranjería, avalado por el propio Domínguez, que «ya reconoce el acuerdo», tiene financiación e incluso habrá una conferencia sectorial con las comunidades a comienzos de julio en Canarias.
La diputada socialista ha valorado que el presidente canario, Fernando Clavijo, ha dicho que es un «buen acuerdo» y al mismo tiempo, ha afeado a Domínguez que «no ha participado» en las reuniones con el Gobierno central para fijar el acuerdo de reforma legislativa y solo se ha dedicado a «contradecir» al presidente y a «hablar» del ministro Torres. «Le encanta hablar de Torres», ha ironizado.
Ha dicho que entiende que no vaya a las reuniones en Madrid donde Clavijo y Torres hacen un «frente común» en el Congreso para explicar el acuerdo porque el presidente representa al Gobierno pero rechaza sus explicaciones sobre la politización del proceso cuando «lleva una semana de titulares». «Déjese de excusas», ha comentado.
Ventajas fiscales del REF para aumentar la oferta de vivienda
Por otra parte, Manuel Domínguez también ha defendido en sesión plenaria la propuesta relativa a materializar la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) en viviendas para abaratar el precio «desorbitado» del alquiler en las islas.
En respuesta a una pregunta de la diputada socialista Patricia Hernández, el vicepresidente del Ejecutivo canario ha explicado que el objetivo de esta propuesta es conseguir aprovechar las ventajas fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF) para aumentar la oferta de vivienda y, por ende, conseguir que el precio «desorbitado» del alquiler pueda bajar en Canarias.
Manuel Domínguez ha señalado que en el último año el alquiler en Canarias ha crecido en torno al 13% y las familias destinan de su presupuesto en torno al 40-50% a pagar la hipoteca o el alquiler, cuando el Banco Central Europeo señala que no debería estar por encima del 30%.
«Lo que pretendemos es que se pueda rehabilitar, que se puedan finalizar viviendas, que se puedan comprar viviendas y que se puedan construir viviendas; en definitiva, actuar en el corto, medio y largo plazo, todo ello con un único requisito destinado al alquiler social», insistió el vicepresidente.
La propuesta pasa por que la RIC se pueda destinar para la vivienda, principalmente para el alquiler de vivienda protegida, pero también para la vivienda libre.
Hernández critica la propuesta
Por su parte, la diputada Patricia Hernández criticó que esta propuesta solo pretende «poner a competir» a los ciudadanos «de a pie» con las empresas a la hora de acceder a una vivienda y, además, reforzar «una apuesta de negocio». También censuró que el PP pretenda con esta medida buscar fondos de inversión extranjeros cuando su socio de gobierno, Coalición Canaria, pretende limitar la adquisición de viviendas a los no residentes.
Según Patricia Hernández, con esta medida «no se está ayudando y se está perjudicando» a las personas que no pueden acceder a una vivienda y está «aumentando» la brecha social entre los que no pueden comprar una casa y los que sí, al mismo tiempo que «aumenta la capacidad de acaparar de una parte de la población».
Continuarán los procesos de estabilización
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha asegurado en el Parlamento canario que la administración autonómica seguirá adelante con los procesos de estabilización pendiente de lo que dictamine el Tribunal Supremo.
A preguntas de la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Socorro Beato, la consejera ha explicado en el pleno del Parlamento autonómico que en la última reunión de la Comisión de Coordinación del Empleo Público que en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 13 de junio hay una novedad respecto a la de febrero.
Esta novedad es que por primera vez introduce «el matiz» de que el proceso de estabilización articulado por el Gobierno de España «puede ser válido» si está acorde al derecho nacional.
«Hay que esperar a lo que dicen tribunales», ha recalcado la consejera, quien ha recordado que hasta la fecha el Tribunal Supremo se ha reafirmado en que la declaración automática de fijeza del personal interino es contraria a dos artículos de la Constitución.
En la reunión de la Comisión de Coordinación del Empleo Público se ha analizado el escenario posible una vez finalice el proceso de estabilización, como por ejemplo «qué hacer» con el personal que quede excluido o «qué ocurre con los procesos indemnizatorios».
Sea como fuere, ha recalcado Nieves Lady Barreto, «hay que seguir con los procesos de estabilización para salvaguardar el proceso y garantizar a los trabajadores que puedan estabilizar sus puestos de trabajo».
Ciclos formativos
Por su parte, el consejero de Educación, Poli Suárez, ha recriminado en sede parlamentaria al grupo Socialista si quiere que «se invente alumnos y falsifique datos» de la FP como en su opinión se hizo en la pasada legislatura cuando, ha afirmado, hubo 93 ciclos formativos con cero inscripciones.
Poli Suárez ha facilitado estos datos después de que el diputado socialista, Gustavo Santana, le acusase de «perder el pulso» a la FP y proceder a recortar la oferta de ciclos de Formación Profesional para curso 2024-2025.
El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes ha señalado que no se va producir ninguna eliminación masiva de ciclos ni de profesorado en Canarias y ha reprochado al diputado que hable de «fracaso» en este ámbito cuando el anterior equipo educativo «no hizo nada» y de hecho hay 168 ciclos formativos con menos de tres alumnos.
«¿Qué quiere que haga, me invento los alumnos, falsifico los datos como en la legislatura pasada, cuando había más profesorado que alumnos en las aulas?», ha proseguido el consejero.
Lo que ha elaborado la Consejería es un listado provisional de ciclos atendiendo a las inscripciones y en función de las necesidades de todas las islas, también las no capitalinas, y tras oír las demandas del sector empresarial, ha continuado Suárez, quien ha reprochado a Gustavo Santana que en su momento le pidió aportaciones para el mapa de ciclos de FP y ha recibido «cero» propuestas por su parte.
Transferencias del Posei adicional
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ha dicho en la sesión plenaria en la Cámara autonómica que si el Gobierno de España no transfiere el dinero adicional del Posei podría haber quiebras y cierre de empresas de agricultores y ganaderos en las islas.
En el Parlamento de Canarias y en respuesta al diputado del grupo Mixto, Raún Acosta, el consejero ha subrayado que en cualquier plan empresarial, si hay una merma del 10 o del 20 por cinto de la actividad económica se podría llegar a esa situación.
Narvay Quintero ha indicado que si el gobierno español no aporta los 11 millones de euros previstos para este año en el Posei adicional habrá fallado a los agricultores y ganaderos de las islas.
«Irregularidades» en residencias
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha afirmado en la Cámara autonómica que el Gobierno de Canarias «actúa de inmediato», ante cualquier indicio de irregularidades en las residencias sociosanitarias.
A instancias de la diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Natalia Santana, Delgado ha explicado que el servicio de inspección de las residencias públicas y concertadas recae en los cabildos, y el de las privadas, en el Gobierno de Canarias.
Ha hecho hincapié en que cuando tomó posesión se encontró con apenas tres inspectores y una jefa de servicio, y que alguno estaba de baja sin que se cubriera su plaza durante años.
Delgado ha detallado que se está mejorando la relación de puestos de trabajo para ampliar la plantilla de inspección y, mientras el proceso sigue su curso, se están realizando visitas a las residencias por parte de técnicos de diferentes direcciones generales dependientes de su Consejería.
Ha aludido también a la «estrecha relación» con la Fiscalía de Mayores, que realiza sus inspecciones, al «contacto diario» con los cabildos, para que realicen informes de los centros, y a la coordinación con los inspectores de Salud Pública y con los médicos de Atención Primaria que visitan estas instalaciones.
Asimismo, se ha referido al acuerdo alcanzado con la Consejería de Presidencia para que agentes de la Policía Canaria hagan visitas programadas a los centros, y si ven alguna irregularidad, luego acude un inspector a corroborarla.
Falta de inspecciones
La diputada Esther Santana ha tildad de «ocurrencia» que parte de la inspección de las residencias recaiga sobre la Policía Canaria, y ha expresado su temor porque esta «medida puntual se convierta en permanente».
Santana ha puesto el acento en que «más de la mitad» de las residencias sociosanitarias «ni se inspeccionan ni se visitan», así como en la proporción «inasumible» de inspectores por centro: a cada uno le corresponden 147.
Y ha asegurado que «en muchas ocasiones» en estos centros se dan «situaciones de brutal maltrato» y de «vulneración de los derechos e integridad» de los usuarios, como por ejemplo que se recurra como «práctica habitual» a las sujeciones.
