El Parlamento de Canarias ha aprobado una comunicación, con el único rechazo de Vox, donde se pide al Gobierno central que impulse las modificaciones legislativas para el reparto de menores migrantes
El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con el voto en contra de Vox, la comunicación del Gobierno regional en la que se solicita al Gobierno central que impulse modificaciones legislativas para que la derivación de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas se haga de forma obligatoria.
En el debate ante el Pleno de la Cámara la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha indicado que el objetivo es «salvaguardar» los derechos de la infancia y que se aplique «el principio de interés superior del niño».
Así, se ha mostrado a favor, dentro del paquete de hasta cuatro propuestas que han remitido al Gobierno central, de impulsar un decreto-ley para reformar el artículo 172.1 del Código Civil y modificar el Protocolo Marco estatal, dado que es la vía más rápida, en lugar de acometer la reforma de leyes orgánicas que implica obtener grandes mayorías en el Congreso.
Asimismo, la Cámara solicita que el Estado dote de recursos económicos suficientes a las comunidades para que puedan prestar los servicios.
La situación se va a hacer «más crítica»
Delgado ha advertido de que la situación migratoria en Canarias se va a hacer «más crítica» en los próximos meses debido a las «dificultades geopolíticas» del África occidental, y en un momento donde, en lo que va de año, la llegada de embarcaciones ha aumentando un 650%.
En ese sentido ve «urgente» actuar a nivel estatal y europeo y que se fijen «procedimientos claros» para la identificación y asistencia y también garantizar acceso a vías legales, y con más «colaboración institucional» para garantizar sus derechos.
Ha asumido que la capacidad de respuesta del sistema de acogida en las islas se ha «desbordado», lo que obligó a declarar la emergencia social, fruto de una llegada «descontrolada y desigual», pues casi la totalidad de la tutela española reside en Canarias.
«Debemos estar unidos para que se modifique el marco normativo, Canarias en solitario no puede», ha comentado, lamentando también la soledad parlamentaria de Vox al no apoyar estas iniciativas.
Convenios bilaterales con otras comunidades
Mientras se aprueban las modificaciones legislativas ha dicho que se sigue trabajando en la firma de convenios bilaterales con las comunidades para tramitar la derivación de 358 menores pactados el pasado mes de octubre.
Igualmente ha avanzado la solicitud de que se convoque una Conferencia de Presidentes «urgente» para fijar consensos en materia migratoria y la elaboración de un plan de comunicación para que llegue «información veraz» a los canarios y se eviten «comportamientos xenófobos».
Raúl Acosta (AHI) ha comentado que el tema de los menores migrantes «es gravísimo» y la política española ha demostrado que «si se quiere hacer se hace» –en referencia a la ley de amnistía–, al tiempo que no entiende como «no se ha legislado aún» para que todas las comunidades acojan a «niños desamparados» desde que llegara la primera patera Canarias hace 34 años.
Colapso en los servicios sociales
Jesús Ramos (ASG) ha dicho que la política está «para buscar soluciones» y los servicios sociales en las islas están «colapsados» para atender a más de 5.500 menores migrantes, lo que obliga a tener un sistema «regulado» de derivaciones.
Independientemente de cuál sea la medida que se lleve a cabo, espera que el Congreso apoye la propuesta del archipiélago porque hace falta una «respuesta ágil y contundente».
El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha comentado que la comunicación es una «rendición» del Gobierno a la inmigración ilegal y fomenta el trabajo de «las mafias» y con «dinero público», favoreciendo un «paquete del terror» para los migrantes.
Ha indicado que la medida «es un parche» y activa el «efecto llamada», ha lamentado el coste de atención de diez millones de euros al mes y advertido del riesgo de que los menores se conviertan en un «arma política» dependiendo de a qué comunidad se les deriva.
Galván ha afeado al Gobierno central que no endurezca las penas por la inmigración ilegal y que se anuncien grandes inversiones económicas en Marruecos y Mauritania y no entiende como no se trabaja en «identificar» a los padres de los menores y se favorece su repatriación.
No ha funcionado «la solidaridad»
Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha destacado que Canarias debe tener «política migratoria propia» y exigir al Gobierno central sus competencias, y en ese sentido, ha señalado que hay que salvaguardar los derechos de los menores «y con independencia del origen».
Ha comentado que Canarias es «puerta de entrada» a la migración y entiende que eso no le obliga a acoger en solitario a todos los menores, y en la medida en que no ha funcionado la «solidaridad», ha apoyado la modificación legislativa.
El portavoz de la formación canarista ha pedido también que el acuerdo se traslade a la Junta de Portavoces del Congreso y que se les invite a realizar una visita a las islas para conocer de primera mano las condiciones de acogida.
Asimismo ha criticado al resto de grupos por el «sectarismo» y el «apartheid político» que practican en la Cámara.
Situación «insostenible»
Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, ya alertó en la pasada legislatura del aumento de la inmigración irregular con iniciativas parlamentarias «que no llegaron a nada» por la «inacción» del entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres.
Ha destacado que la situación en las islas «es insostenible» y puesto sobre la mesa que las dos grandes crisis migratorias en Canarias han coincidido con gobiernos socialistas, «y los números siguen creciendo sin parar».
Asimismo ha mostrado su deseo de que a los socialistas «les importen tanto los siete votos de Junts» como la situación migratoria del archipiélago.
Jana González (CC) ha recordado que Canarias ha vivido hasta cuatro crisis migratorias, ejemplificadas en la «vergüenza y tristeza» del muelle de Arguineguín y ahora en la ruta que culmina en El Hierro, y con más de 5.700 menores bajo tutela.
Ha lamentado que «no hay unión» a nivel nacional por lo que es necesario una «solidaridad obligatoria» dado que el modelo actual «ha fracasado», al tiempo que ha afeado a los socialistas que no tengan las mismas prisas en acometer estos cambios que en tramitar la ley de amnistía.
Los nacionalistas han incluido en las propuestas de resolución un reconocimiento expreso a las directoras generales de Infancia del Gobierno, tanto la actual (Sandra Rodríguez) como la de la pasada Legislatura (Iratxe Serrano), porque han hecho «lo imposible» con los medios que tienen.
Evitar la «batalla partidista»
Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Socialista, ha asumido que la inmigración «es un asunto complejo» y no se debe utilizar en la «batalla partidista» y «dar un ejemplo» hacia afuera, recordando la firma del primera pacto migratorio hace más de dos décadas.
Ha admitido la «dificultad» para gestionar la llegada de menores migrantes y ha avanzado que ya se ultima el acuerdo en las Cortes por lo que espera que todas las formaciones políticas «cierren filas» con el archipiélago dado que es un «asunto de país».
En ese sentido ha pedido a los populares que «aclaren» si sus diputados van a apoyar la modificación legal en el Congreso. «Estamos a un paso de acabar la hoja de ruta que nos hemos trazado», ha agregado.
Campaña contra la economía sumergida y el empleo irregular
En el Pleno del Parlamento de este miércoles se han abordado, además, otros temas, como la campaña especial contra la economía sumergida y el empleo irregular en Canarias, desarrollada entre noviembre y diciembre de 2023, que contó con el refuerzo de 23 inspectores y subinspectores de otras comunidades autónomas, afloró 281 empleos, en 96 de los casos de empleados sin estar dados de alta en la Seguridad Social.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha desgranado este miércoles en el Pleno del Parlamento de Canarias los resultados de esta campaña, que aumentó en un 39% el empleo aflorado, en un 54% el control sobre los contratos parciales y en un 17% los temporales, y que se saldó con 210 irregularidades y propuestas de sanciones por un moto global de 806.000 euros.
De León ha detallado que en ese mes que duró la campaña especial se realizaron 940 visitas, de las cuales 361 en horario nocturno o festivos, pues se considera que en esas franjas hay más indicios de empleo precario, incluso no declarado; y dieron lugar a 2.700 actuaciones en materia de Seguridad Social, Extranjería y Relaciones Laborales.
Fueron detectados siete beneficiarios de prestaciones que compatibilizaban con la realización de un trabajo, seis de desempleo y uno una pensión por discapacidad; también 29 extranjeros comunitarios sin permiso; y se convirtieron 156 contratos de tiempo parcial a jornada completa, y 66 temporales a indefinidos.
210 sanciones impuestas
De las 210 sanciones impuestas, 89 fueron en materia de Seguridad Social, 66 de relaciones laborales, 26 de extranjería y 16 por obstrucción a la labor de inspección.
Además, se han diligenciado 232 requerimientos a las empresas visitadas.
La consejera ha hecho hincapié en que esta campaña no solo tiene un carácter punitivo, pues los inspectores detectaron un efecto inducido por el conocimiento previo de las visitas en forma de regularización voluntaria de situaciones irregulares, y también por el afloramiento del empleo sumergido a posteriori.
Factores socioeconómicos de la economía sumergida
Jéssica de León ha aludido a un reciente informe sobre economía sumergida elaborado en colaboración con la Fundación de la Universidad de La Laguna en el que se hace hincapié en la efectividad de campañas especiales de este tipo, pero también en la concurrencia de factores socioeconómicos en el fenómeno de la economía sumergida y el fraude fiscal y laboral.
Entre estos ha aludido al propio sistema productivo de Canarias, con una alta dependencia del sector servicios, que es el que mayores cotas de economía sumergida presenta; así como a «mutaciones» del empleo y las nuevas formas como el empleo flexible, el pluriempleo o el teletrabajo, además de factores sociales y culturales.
Este estudio pone el foco en determinados como colectivos, como empleadas del hogar y cuidados, en el sector servicios en general, en los autónomos, el teletrabajo o las prácticas, que serán las prioridades de inspección este año, ha avanzado la consejera.
El diputado nacionalista Jonathan Felipe Lorenzo comentó que la mayoría de las veces la necesidad empuja a aceptar el empleo sumergido o a promoverlo -el contratador «es una víctima del sistema», ha dicho-.
Al respecto, la consejera ha indicado que «nada justifica» este fenómeno, que tiene sin embargo «unas causas, muchas veces sociales», que obligan a un trabajo transversal entre diferentes consejerías para ofrecerles «una salida a esos trabajadores que creen que no tienen otra solución».
El diputado socialista Gustavo Santana ha dado «la bienvenida» al PP por valorar el plan especial que en 2016 «trajo al Parlamento» la exconsejera de Podemos Noemí Santana y entonces los populares «pusieron el grito en el cielo» porque aludía a la «explotación laboral», que a juzgar por los datos del informe, «si no lo es, se parece mucho».
Ley de conciliación laboral
Por otra parte, también con temas de carácter laboral, el diputado del PSOE, Gustavo Santana, ha abogado en la sesión plenaria del Parlamento este miércoles por el anteproyecto de ley de conciliación corresponsable y conciliación de la vida familiar y laboral pactada con los agentes económicos y sociales, mientras que desde el Gobierno de Canarias se reniega de ella porque «no tiene contenido legislativo»
El diputado del PSOE ha insistido en que esta ley «es un mínimo» y le ha exigido a la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, que impulse una proposición de ley que ha sido negociada en el ámbito del diálogo social.
Esta ley se negoció en la pasada legislatura en la mesa de concertación social de igualdad y se acordaron dos puntos: un acuerdo de igualdad y brecha salarial y un anteproyecto de ley de conciliación corresponsable y de la ley de conciliación familiar y laboral.
«Usted desprecia el diálogo social, no tiene líneas estratégicas», le ha afeado Santana, quien ha presentado una interpelación en el pleno sobre la modificación de las líneas estratégicas anunciadas al inicio de la legislatura en materia de empleo y definición del concepto de bienestar laboral dirigida a la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León.
Asimismo, ha opinado que «a lo mejor» no le tiene el mismo cariño a la Consejería de Empleo que la que le tiene a la de Turismo, al tiempo que le ha avisado a la consejera que si no aboga por la ley de conciliación laboral «estaría mostrando su verdadero rostro».
Ley que «no tiene contenido legislativo»
La consejera le ha respondido que «las medidas de conciliación laboral en el momento de la entrada en vigor de esa ley son cero», pues se trata de una ley que propone crear un plan y una comisión de trabajo y estudio para que el Parlamento decida cómo se puede bonificar e incentivar a las empresas, en lo que aún no se han puesto de acuerdo.
Ha lamentado que «no se haya decidido ni una sola medida» en el marco de la conciliación, por lo que ha defendido la importancia de elaborar un plan para saber cómo están las empresas canarias, las pymes y las empresas de más de 50 trabajadores.
Por lo tanto, ha señalado que esta ley, a pesar de que es un acuerdo, «no tiene contenido legislativo» y si entra en vigor mañana «no puede conciliar a nadie», ya que «no hay ninguna medida efectiva que se pueda traducir en conciliación para trabajadores».
«¿Podemos sentarnos y hacer una ley de conciliación entre todos? Sí, pero que tenga contenido sobre qué vamos a hacer», ha aseverado la consejera, quien le ha pedido al PSOE que sea constructivo para llegar a acuerdos en la ley de conciliación.
En desacuerdo con las ayudas a la sequía
El Gobierno de Canarias ha mostrado su desacuerdo con el reparto de ayudas a la sequía de España, pues no se ha tenido en cuenta las singularidades de cada una de las islas ni es «realista», por lo que se han hecho alegaciones al respecto.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha respondido así en el Pleno del Parlamento al ser preguntado por el Grupo Nacionalista Canario sobre la previsión de presentar alguna alegación al Ministerio por el reparto de ayudas a la sequía aprobado durante la legislatura anterior.
El consejero ha afirmado que «evidentemente» no está de acuerdo y ha agregado que tanto el anterior Gobierno de Canarias como el actual han hecho alegaciones al reparto de ayudas y «desgraciadamente, no se han atendido».
Trato continental a las islas
Ha citado entre los errores que no se tiene en cuenta a las islas sino que se le da un trato continental y también que se trata a todas las islas como una, cuando puede llover mucho en una isla en un año y en la otra completamente nada.
Asimismo, le ha pedido al Gobierno de España que la ayuda a la desalación aumente en estos presupuestos y se mantenga en 13,5 millones de euros.
El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Mario Cabrera, ha denunciado que a Canarias solo le corresponden 18.614 euros, «ni un 0,01%», lo cual, en su opinión, no solo es un agravio sino que es inaceptable.
Ha puesto como ejemplo a la isla de Fuerteventura, donde el cabildo destina 1,2 millones de euros cada año para ayudas al agua agrícola y ha reclamado más subvenciones a la desalación.
En el caso de Fuerteventura, apenas le llegan 400.000 euros de los 16 millones que cuesta el gasto energético para desalar agua, ha detallado.
Condena a los ataques de Hamás y la reacción «desproporcionada» de Israel
El Parlamento de Canarias comenzaba este miércoles su sesión plenaria ha expresado su condena a los brutales ataques terroristas de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre de 2023, que costaron la vida a más de 1.200 personas y también ha condenado la reacción «brutal y desproporcionada» de Israel, que ha causado la muerte de 29.000 personas en Gaza.
Según el Parlamento, la guerra desatada en la Franja de Gaza ha generado una situación catastrófica y un sufrimiento injustificado entre la población civil palestina, con más de un millón setecientas mil personas desplazadas y una destrucción indiscriminada de viviendas e infraestructuras básicas.
De esta forma, la cámara ha mostrado su más firme compromiso en la defensa de la paz y de los derechos humanos, y ha resaltado la necesidad de proteger a la población civil palestina e israelí conforme al derecho internacional humanitario.
Por todo ello, ha reclamado un alto el fuego humanitario inmediato en la Franja de Gaza; ha exigido a todas las partes que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, especialmente en lo que respecta a la protección de la población civil; ha instado a Hamás a la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, y ha reclamado a Israel la liberación de las personas detenidas, muchas de ellas niñas y niños.
La Cámara ha abogado, además, por la puesta en marcha de un proceso de paz definitivo que ponga fin a este conflicto enquistado desde hace más de setenta años y que incluya el necesario reconocimiento de Palestina como Estado.
Este reconocimiento resulta fundamental para que, a través de una solución pactada entre Israel y Palestina, se frene la violencia, se solucione de modo permanente el conflicto y se posibilite una coexistencia en condiciones de paz y seguridad, ha agregado.
