Parlamento de Canarias: Clavijo defiende las medidas del Gobierno para mejorar el acceso a la vivienda

El presidente afirma que el presupuesto de 2026 refuerza la inversión y responsabiliza al anterior Ejecutivo de la situación actual

El Parlamento de Canarias celebra hoy una sesión plenaria en la que el presidente Fernando Clavijo responde a los diputados sobre la crisis de la vivienda, la concentración de la riqueza y la cohesión territorial del archipiélago.

Imagen de archivo del Parlamento de Canarias
Imagen de archivo / Parlamento de Canarias

Una “herencia pobre” en materia de vivienda

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró este martes en el Parlamento autonómico que el actual problema de la vivienda es fruto de una “herencia pobre y de parálisis absoluta” del anterior Gobierno regional. En su intervención, coincidió con el presidente del grupo Popular, Juan Manuel García Casañas, en que la gestión previa dejó al archipiélago con un grave déficit habitacional.

Clavijo admitió que el Ejecutivo ha tenido que partir de una situación compleja, aunque defendió las medidas adoptadas en los dos primeros años de legislatura. “No hay recetas milagrosas, pero estamos actuando con planificación y recursos”, subrayó.

Aumento del presupuesto y nuevas ayudas para la vivienda

El presidente destacó que la vivienda será una prioridad en el presupuesto autonómico de 2026, con un incremento superior al 15 % en las partidas del Instituto Canario de la Vivienda, que alcanzará los 197,4 millones de euros. De esa cantidad, 141 millones se destinarán a rehabilitación y construcción de nuevas viviendas, lo que supone un aumento del 46 % respecto al ejercicio anterior.

Además, se contemplan 37 millones de euros para el bono de vivienda joven y dos millones para proyectos en zonas rurales. Clavijo recordó también la ampliación del registro de demandantes y la bonificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que extiende su aplicación a más tramos de edad y renta.

El presidente explicó que el 77 % de los contribuyentes que compren una vivienda habitual podrán beneficiarse de esta bonificación fiscal. Asimismo, señaló que Visocan contará con 80,9 millones de euros para continuar su labor en promoción pública y gestión del parque residencial.

Clavijo mostró confianza en que todas estas medidas mejorarán el acceso a la vivienda en el archipiélago, aunque advirtió que el Estado debe implicarse más. “También tiene que hacer su parte y modificar la Ley de Vivienda”, concluyó.

Curbelo reclama una fiscalidad diferenciada para las islas verdes

El portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, reprochó a la consejera de Hacienda, Matilde Asián, que el presupuesto autonómico de 2026 no contemple políticas fiscales específicas para las islas verdes. Durante el pleno del Parlamento, Curbelo señaló que el archipiélago avanza “a dos velocidades”, con territorios que crecen y otros que pierden población y envejecen.

El también presidente del Cabildo de La Gomera subrayó que La Palma, El Hierro y La Gomera necesitan medidas concretas para corregir la desigualdad territorial. Reclamó aprovechar la negociación del “decreto canario” con el Estado para extender la bonificación del IRPF vigente en La Palma tras la erupción volcánica a las tres islas.

“Ya está bien. A ver si nos damos cuenta de que hay islas que son las más pobres del país y no nos acabamos de enterar”, advirtió Curbelo, quien pidió un compromiso claro del Gobierno para impulsar una fiscalidad diferenciada.

Clavijo asegura que el decreto ya incluye la bonificación

En su respuesta, el presidente Fernando Clavijo recordó que el decreto canario recoge en su artículo 5 la bonificación del IRPF para las islas verdes. Defendió además que su Ejecutivo trabaja con la voluntad de garantizar la igualdad entre territorios, tanto en recursos como en oportunidades.

Es nuestra obligación fomentar que la población se fije al territorio y que tu isla no condicione tu vida”, afirmó Clavijo, quien aseguró haberse tomado “muy en serio” la estrategia de reto demográfico para abordar los problemas señalados por Curbelo.

El presidente insistió en que el Gobierno busca un modelo de desarrollo más equilibrado, donde todas las islas puedan progresar en igualdad de condiciones, con incentivos que favorezcan la residencia, el empleo y la actividad económica en los territorios más frágiles del archipiélago.

Reunión con Exteriores para aclarar la posición de España sobre el Sáhara Occidental

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunció que solicitará una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para conocer la posición oficial de España respecto al Sáhara Occidental. Clavijo afirmó que el Ejecutivo autonómico “echa de menos” una postura clara del Ministerio, especialmente tras la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

El presidente respondió así a una pregunta del diputado Raúl Acosta, quien advirtió que Canarias “no puede ni debe mirar hacia otro lado” ante un conflicto que afecta directamente al archipiélago por su proximidad geográfica y sus vínculos históricos.

Clavijo subrayó que tanto el Parlamento como los distintos gobiernos canarios han mantenido “un respeto absoluto a la legalidad internacional” y una posición firme a favor de una solución pacífica y negociada. Sin embargo, lamentó que Exteriores no haya convocado a Canarias para fijar una posición común tras la resolución de Naciones Unidas.

El presidente destacó la importancia de mantenerse “muy vigilantes” ante la aplicación de las disposiciones de la ONU y la labor de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso), cuya prórroga se ha aprobado por un año más.

Clavijo advirtió de que las “versiones interesadas” sobre la resolución pueden generar confusión y reclamó “despejar las malas interpretaciones” mediante diálogo directo con el Gobierno central. “Tenemos que ser proactivos y pedir una reunión para saber qué posición marca España, sobre todo para no tener sobresaltos”, concluyó el presidente canario.

Choque en el Parlamento por las políticas sociales

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acusó al diputado Luis Campos de comportarse de manera “despótica e impresentable”, después de que este le reprochara haberse presentado a las últimas elecciones autonómicas pese a su gestión anterior en políticas sociales. El enfrentamiento se produjo tras una pregunta sobre las medidas del Ejecutivo para mejorar la redistribución de la riqueza en las islas.

Campos criticó lo que calificó como “el nuevo mantra” del Gobierno, según el cual “si las cosas van bien, no hay que cambiar”. Señaló que, aunque los indicadores económicos muestran récords en turismo y recaudación, esa bonanza no se refleja en la mayoría social. Además, cuestionó la bonificación de los impuestos de sucesiones y donaciones, que —dijo— ha supuesto 180 millones de euros menos de ingresos, y denunció un menor esfuerzo en políticas sociales respecto a la anterior legislatura.

Defensa de la gestión y las reformas fiscales

Clavijo respondió asegurando que “de Campos podría esperar cualquier cosa menos que dijera que cometí la indecencia de presentarme a las elecciones”. Añadió que tales declaraciones reflejan “su cultura democrática” y que su actitud “reniega del pasado, pero lo practica de forma despótica e impresentable”.

El presidente defendió la gestión social y económica del actual Gobierno, destacando la creación de más plazas de educación de 0 a 3 años y un presupuesto récord en sanidad. En materia fiscal, subrayó que se han aplicado bonificaciones en el IRPF y el IGIC sin precedentes, orientadas al “grueso de la población”, y que el 77 % de los contribuyentes se beneficiarán de las reducciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Clavijo anunció también que, por primera vez en la historia, el Gobierno pagará al tercer sector el coste real de los servicios que presta, un paso que consideró esencial para reforzar la atención social. Concluyó afirmando que los resultados de su gestión son “francamente superiores” a los del anterior Ejecutivo, que —según dijo— no estuvo limitado por las reglas fiscales. De no haber existido esas restricciones, aseguró, el presupuesto autonómico habría contado con al menos 200 millones de euros más.

Un llamamiento a la responsabilidad y al consenso

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expresó su confianza en que el llamado decreto canario se convierta en “una oportunidad de oro” para alcanzar un amplio respaldo en el Congreso de los Diputados, pese al actual clima de “incertidumbre, crispación y enfrentamiento”.

En respuesta a una pregunta del diputado David Toledo, Clavijo defendió que el decreto —que actúa como alternativa ante la falta de Presupuestos Generales del Estado— representa un paso clave para garantizar los derechos y la financiación del archipiélago. “A Canarias nadie le ha regalado nada”, afirmó, y aseguró que su Gobierno trabaja para que cualquier escenario “nos coja con el trabajo hecho”.

El presidente insistió en que el texto no pertenece a ningún partido, sino que debe entenderse como “el decreto de Canarias”, una norma que marcará la relación del archipiélago con el Estado durante los próximos 15 o 20 años. Por ello, pidió a las fuerzas políticas que dejen a un lado las excusas y apuesten por la unidad.

“Es el momento de retratarse, de pulsar el botón del sí, porque lo otro son excusas”, señaló Clavijo, quien defendió que el decreto puede “enriquecerse y corregirse desde el consenso” y convertirse en un elemento diferencial para asegurar que las islas reciban un trato equivalente al del resto de territorios de España.

El PSOE critica la distribución presupuestaria

El portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, calificó los presupuestos autonómicos para 2026 como un instrumento que “desperdicia el ciclo de bonanza y perpetúa las desigualdades”. Durante el pleno, reprochó al Gobierno que renuncie a invertir, modernizarse y redistribuir la riqueza, y criticó el uso de la incertidumbre como excusa para justificar la falta de gestión y los incumplimientos electorales.

Franquis puso el foco en la disparidad de incrementos presupuestarios, señalando que Presidencia sube 25 millones de euros, frente a solo 3,8 millones para Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura. En su opinión, esto evidencia una falta de prioridades en áreas clave para diversificar la economía, fomentar la innovación y combatir la pobreza.

Clavijo cuestiona la moralidad del PSOE

Fernando Clavijo acusó al diputado de mostrar soberbia y advirtió que su partido no está en posición de repartir carnets de moralidad. Explicó que el aumento en Presidencia responde a la renovación de un contrato de nuevas tecnologías que el Gobierno anterior, liderado por el PSOE, había dejado sin efecto.

Clavijo insistió en que no es momento de sacar pecho sobre gestión o compromiso con los más pobres, y reclamó humildad al partido que no logró aprobar un presupuesto en legislaturas previas. Además, defendió que el Ejecutivo actual sí ha cumplido con la aprobación de las cuentas, reforzando su papel en la gestión responsable de los recursos autonómicos.

Tensión por el informe de la UCO

Fernando Clavijo rechazó la sugerencia del portavoz de Vox, Nicasio Galván, de que apoyase a su partido. La pregunta de Galván se refería al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) en el que se menciona al ministro Ángel Víctor Torres.

Clavijo respondió que las relaciones entre Canarias y el Gobierno central son institucionales, no personales, y negó de manera rotunda que desee ver a Vox en el Ejecutivo: “Ni lo deseo ni les voy a votar nunca, señor Galván”.

El presidente criticó la propuesta del partido sobre liberalización del suelo, deportaciones de migrantes y rebajas fiscales, alertando sobre la vulneración de derechos fundamentales observada en otros países con políticas similares. “Si alguien puede votarles, es que nosotros hemos hecho algo mal, afirmó Clavijo, defendiendo su compromiso democrático.

Respecto al informe de la UCO sobre la compra de mascarillas durante la pandemia, Clavijo destacó que las investigaciones judiciales no condicionan las responsabilidades políticas, que deben decidirse en el Parlamento. “Será la ciudadanía y los jueces quienes juzguen, pero desde el punto de vista institucional no cambia nada”, aseguró.

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