Este lunes se ha registrado la proposición de ley del PSOE, Sumar y Coalición Canaria impulsada por el gobierno central y el canario
La reforma de la ley de extranjería para garantizar la acogida obligatoria de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas llega al Congreso con el registro este lunes de la proposición de ley del PSOE, Sumar y Coalición Canaria. Impulsada por el Gobierno central y el canario.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, junto con el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asistieron al registro de la proposición de ley. Fue presentada por los portavoces del PSOE, Patxi López; de Sumar, Íñigo Errejón; y de CC, Cristina Valido.
La propuesta para establecer una distribución vinculante de menores no acompañados desde zonas con los recursos saturados pretende modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Con el fin de establecer el reparto de esos menores al resto de comunidades cuando una zona supere el 150 % de su capacidad de acogida.
Rego ha reconocido que «es muy importante lo que haga el PP». A quien ha pedido que se ponga «al lado de la infancia» para facilitar la reforma. Y que no siga manteniendo las «políticas ultras» puestas en marcha.
«El PP tiene que tomar una decisión»
«El PP tiene que tomar una decisión», han coincidido los firmantes. Confían en que los populares cambien de estrategia tras la salida de Vox de los gobiernos autonómicos de coalición.
Acerca de la motivación de esta reforma, la ministra ha explicado que el mecanismo vigente, de carácter voluntario, «no estaba haciendo frente a la situación que hay hoy en Canarias».
En esta línea se ha pronunciado también Torres. Ha asegurado que «esta es la única solución que da respuesta definitiva a que los territorios fronteras tengan que acoger a todos los menores que lleguen«. Al mismo tiempo que «preserva el interés de las comunidades autónomas».
El titular de Política Territorial ha explicado que el texto propone que todos los menores que en el momento de la aprobación de la norma excedan el 150% de ocupación de las comunidades tensionadas sean distribuidos en un plazo de 12 meses entre el resto de regiones. Los que lleguen después serán derivados en un plazo de 15 días.
Sobre los tempos que maneja el Gobierno para aprobar la reforma, Rego se ha mostrado confiada «en que sea lo más rápido posible». Porque es «una situación complicada que requiere una respuesta urgente».
«Apelo al apoyo de los grupos parlamentarios restantes para que esto se pueda aprobar a la mayor brevedad posible por el interés de los menores que están hacinados en un territorio como Canarias, Ceuta y Melilla«, ha subrayado también Torres. Ha reconocido que el respaldo del PP al texto acortaría los tiempos.
Atar apoyos
PSOE y Sumar empezarán esta semana a intentar atar los apoyos para que esta proposición de ley pueda ser aprobada «cuanto antes» y la idea es que se tome en consideración en el último pleno extraordinario previsto en el Congreso para el 23 de julio.
El objetivo es tramitar la iniciativa de forma urgente para dar garantía jurídica a los menores inmigrantes no acompañados que previsiblemente llegarán a Canarias en agosto.
Los socialistas confían en que el PP tenga sentido de Estado y deje de poner «excusas» al tiempo que Sumar abre la puerta a los independentistas catalanes. Fuentes cercanas al Ministerio que dirige Rego señalan que ERC ha hecho aportaciones a varios documentos. Y desde el grupo parlamentario plurinacional se incide en que Junts no arremete contra el reparto de menores de forma «tan ideológica» como Vox.
Los socialistas inciden, además, en que el camino debe ser la proposición de Ley y no un decreto ley, tal como solicitan los canarios. Recuerdan que si el decreto no es convalidado el margen de inseguridad jurídica de los menores inmigrantes sería mucho mayor.
La titular de Juventud e Infancia ha recordado que la reforma del artículo 35 lleva asociado el mecanismo acogida «aprobado por unanimidad en la Conferencia Sectorial de 2022 por todas las comunidades autónomas», el cual «garantiza una financiación suficiente para hacer frente la acogida vinculante».
Clavijo agradece al «apoyo y cierre de filas»
Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha agradecido el «apoyo y cierre de filas» de la mayoría de grupos parlamentarios de la cámara canaria, que, «a excepción de Vox», han entendido que esta es una «reforma seria, contundente, estudiada y analizada». «Esperamos que tenga una amplia acogida entre las distintas fuerzas políticas», ha deseado.
El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha recordado que este mecanismo pretende ayudar a «niños que salen de sus países escapando del hambre, la guerra y la miseria». Y ha exigido al resto de formaciones «que hagan una reflexión de verdad». «No se puede llenar la boca hablando de solidaridad y luego no aprobar una ley que la lleva a la práctica», ha remarcado.
La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido también ha apelado a la solidaridad. En este sentido, ha subrayado que los parlamentarios del Congreso «no pueden dar la espalda a este drama humanitario que compete a todo el territorio».
«O bien se está con las políticas de acogida y de garantías de derechos humanos, o bien se está con el racismo y la política de odio», ha declarado por su parte el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón. Se ha dirigido específicamente al PP para que diga de qué lado está, aunque sea con su abstención.
6.000 menores acogidos en Canarias
Con el texto aprobado por el Gobierno central y el canario se pretende dar una salida a los casi 6.000 menores extranjeros acogidos actualmente en el archipiélago. Según Sira Rego, están en una situación «muy complicada» y «muy tensionada».
La iniciativa legislativa no cuenta de momento con el necesario respaldo del grupo parlamentario popular . Ha exigido al Gobierno un plan integral de política migratoria. Y ha advertido de que no aceptará “trágalas ni parches” en una cuestión de Estado como es esta, en referencia a la proposición de ley.
El PP propone declarar la emergencia migratoria para todo el territorio nacional. Un compromiso financiero por parte del Ejecutivo y que el reparto de menores sea para todas las comunidades “sin excepción”. También exige políticas de cooperación con los países de origen, ha informado este domingo en un comunicado.
