El número de niños tutelados por las islas desciende drásticamente tras la reforma de la Ley de Extranjería
Canarias reduce su cifra de menores tutelados a menos de 3.500 tras alcanzar los 6.000 en agosto. El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, presentó este balance positivo gracias al mecanismo de acogida compartida. La nueva normativa garantiza el interés superior del menor mediante traslados obligatorios a otras comunidades autónomas.
La reforma legal permite que el resto de España comparta la acogida de los menores migrantes de forma equitativa. Anselmo Pestana confirmó que la cifra de niños bajo tutela autonómica ha bajado significativamente desde enero. El archipiélago soportaba anteriormente una presión inasumible con casi 6.000 menores a su cargo.
La solidaridad territorial clave para la gestión
Esta norma beneficiará en el futuro a otras regiones con alta presión migratoria. El delegado citó específicamente el caso de Baleares, comunidad que actualmente rechaza este sistema de reparto. La solidaridad interterritorial resulta clave para gestionar adecuadamente la llegada de personas a las fronteras españolas.
El Gobierno central asegura que mantendrá la aplicación estricta de esta ley de extranjería. La prioridad absoluta de la norma es velar siempre por el bienestar del menor. Las instituciones deben garantizar un entorno seguro y digno para todos los niños que llegan solos.
Oposición de las comunidades autónomas
Pestana lamentó que casi todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular están recurriendo las reubicaciones. Los gobiernos autonómicos han presentado numerosos contenciosos administrativos para frenar los traslados de menores migrantes. Solo La Rioja ha evitado llevar estos procedimientos ante la justicia por el momento.
El delegado criticó la estrategia de judicializar un mecanismo de protección de derechos fundamentales. Según Pestana, el Partido Popular y Vox mantienen una postura de rechazo frontal a pesar de la necesidad. Existen bastantes procesos abiertos en el Tribunal Constitucional contra la actual normativa vigente.
La Delegación del Gobierno defiende que el interés del menor prevalece sobre las disputas políticas territoriales. El Ejecutivo continuará con el plan de traslados a pesar de la resistencia de los gobiernos regionales. La ley ofrece una solución estable para futuras crisis migratorias en cualquier punto de España.
