Un informe de Audiencia de Cuentas de Canarias señala irregularidades en la gestión del Gobierno regional durante la pandemia. Este detalla gastos superiores a los dos millones de euros en material sanitario defectuoso sin los mínimos requisitos de calidad
El presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, ha indicado este jueves que sin un informe aprobado «no hay opinión» del órgano fiscalizador sobre la compra de material sanitario defectuoso o inservible en la peor parte de la pandemia de covid-19 por parte del Gobierno de Canarias.
En declaraciones a EFE, Pacheco detalla que la Audiencia es un órgano colegiado, y como tal, sus «opiniones» emanan de las decisiones que tome su pleno y, en el caso del informe sobre la compra de material sanitario, quedó bloqueado al recibir tres votos en contra y dos a favor y, por lo tanto, no ha sido remitido al Parlamento.
Ha admitido que lo habitual es que los informes que redacta este órgano fiscalizador salgan adelante con el apoyo unánime de todos sus consejeros y ha avanzado que, de persistir el bloqueo actual, cuando se revise el plan de actuación, «lo normal es que se dé de baja al no haber posibilidad de que salga adelante».
«Se trata de un documento administrativo que corre por varios sitios, con lo cual no hay un solo candidato» a la hora de buscar quién o quiénes lo han filtrado, ha indicado Pedro Pacheco, quien no hace «una interpretación política» de la votación del pleno de la Audiencia de Cuentas y confía en el perfil «independiente y profesional» de todos y cada uno de sus miembros.
De todos modos, ha señalado que este informe en particular «tiene vida propia, lo tiene todo el mundo. El que lo saquemos dentro de dos años no vale para nada. Tienen que ser oportunos».
Elevado presupuesto
Pacheco ha explicado que partió de la iniciativa propia del órgano fiscalizador en base a «la elevada cantidad de presupuesto» destinado a contratos para suministro sanitario durante la pandemia y por su carácter de emergencia, que «sabemos que tienen menos controles».
La selección de los contratos analizados, ha expuesto Pacheco, se hizo «por una posibilidad de riesgo», como avanza que se hará probablemente con el reparto de los fondos europeos Next Generation.
Fue durante su tramitación cuando se hizo una advertencia sobre una posible responsabilidad contable, lo que se remitió al Tribunal de Cuentas, y fue a raíz de que se hiciera pública la denuncia del ‘caso Mascarillas’ y cuando se filtró el informe de la Audiencia que solicitó la Fiscalía y se le dio traslado del mismo.
«Hasta aquí llegan los hechos. Aventurar más allá no se puede, porque aparte no nos sirve para nada», ha reflexionado Pacheco, quien no entra en el contenido del informe, en el que se alude a la acumulación de ingente material inservible en el Hospital de La Candelaria, a la falta del «rigor exigible» en estos contratos y de la justificación de su ausencia.
También que se recurrió a empresas ajenas al ámbito sanitario, como en el ‘caso mascarillas‘. «Por ley nuestra opinión de fiscalización es uniforme. Sin informe no hay opinión ni contenido a los efectos», ha concluido.
Gobierno pide «no sacar conclusiones» de «borrador» sobre material sanitario
El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha pedido este jueves «no sacar conclusiones» de «un borrador, un proyecto de informe», de la Audiencia de Cuentas sobre la adquisición de material sanitario inservible durante la peor fase de la pandemia de covid-19.
Pérez ha indicado en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno que el propio presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, ha matizado que «no ha emitido una opinión«, no solo hoy, sino hace un mes y por escrito.
Por tanto, ha pedido «que no se diga que hay un informe» sino «borradores, proyectos», pese a lo cual el Gobierno «prestará atención» a lo que dice en los mismos el órgano fiscalizador en aras de «perfeccionar el procedimiento de contratación en situaciones de emergencia».
Pérez ha subrayado que no solo la Audiencia de Cuentas, sino también el juzgado que instruye el «caso Mascarillas» y la propia Intervención General de la Comunidad Autónoma, han realizado un escrutinio sobre varios contratos formalizados durante la pandemia.
Ha abundado en que en el Gobierno de Canarias se hicieron «centenares» de esos contratos por la vía de emergencia y, en el caso de la Audiencia, sometió a análisis 106, de los cuales «formula observaciones» en 30, y solo en uno se han apreciado «posibilidades de delito» que investiga un juez.
Contratos examinados
El portavoz del ejecutivo ha planteado que, visto de otro modo, «podríamos decir que en el 70 % de los contratos examinados no se han encontrado irregularidades (…) Gastamos millones y en la mayoría de esos informes dicen que estaban bien -los contratos-«, ha aseverado.
Ha negado «presiones» de ningún tipo para que ese informe, o borrador, de la Audiencia de Cuentas llegue al pleno del Parlamento de Canarias, y ha insistido en que «no hay que presuponer» que la administración «lo hizo mal» cuando en la propia Audiencia de Cuentas «no se llega a ninguna conclusión».
Cree Julio Pérez que «la esencia del asunto» está en que en una situación de emergencia, como lo fue la peor parte de la pandemia, «las leyes eximen a la administración de una gran cantidad de trámites de control«, y ha remitido a los problemas en la búsqueda de material sanitario que hubo en otras comunidades, en el sistema centralizado de compras de España o incluso de la UE.
Con esto no quiere decir, ha abundado, que como se trata de un contrato de emergencia, un funcionario o un responsable público haga «lo que le dé la gana».
«Hay que contar las cosas como son»
En cuanto a la remisión de la información recabada por la Audiencia de Cuentas a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas, ha explicado que el segundo de los órganos es el competente cuando se aprecian legalmente indicios de responsabilidad contable, dicho lo cual «no se concluye» que deba haberlas obligatoriamente.
Julio Pérez ha puesto el ejemplo del «caso Mascarillas» para explicar que en el caso de que el Gobierno de Canarias pueda recuperar los cuatro millones que pagó, bien mediante el embargo de bienes u otras vías, «desaparecería esa responsabilidad contable».
«Hay que contar las cosas como son», ha recalcado Julio Pérez, quien interpreta que la oposición «intenta sacar partido» de este asunto.
