Exponen que las actuales ayudas, como el descuento del 75% para residentes, no cubren a los descendientes o emigrantes canarios en las rutas aéreas
La asociación Canarios Sin Alas, que persigue la justicia en la movilidad aérea, ha expresado esta semana su «profunda preocupación» ante la reciente respuesta de la Comisión Europea a la propuesta de establecer Obligaciones de Servicio Público (OSP) con precios máximos en determinadas rutas entre la Península y territorios extrapeninsulares, como Canarias, y que deja una situación que «condena a miles de familias a la desconexión».
Regulación de precios
En un comunicado, la organización ha denunciado el contenido de una carta remitida al Gobierno de España, por la Comisión Europea, y donde se argumenta que rutas como Lanzarote-Madrid, Menorca-Barcelona o Melilla-Madrid no cumplen los requisitos para aplicar OSP, al estar ya operadas por varias aerolíneas y contar con un elevado número de pasajeros, lo que «ignora» la realidad de «miles de ciudadanos canarios» residentes fuera de las islas.
Así, desde ‘Canarios Sin Alas’, y tras recoger casi 50.000 firmas, buscan reunirse con representantes de distintos partidos políticos y realizar análisis técnicos, ya que consideran que una regulación de precios es «la mejor opción» para acercar Canarias al resto del Estado y «evitar desigualdades».
Vacaciones escolares o navidades
Advierten, asimismo, que el criterio técnico de Bruselas «pasa por alto» la situación de los canarios residentes en la Península, que mantienen vínculos con las islas y que no pueden asumir precios «desorbitados», especialmente en épocas clave como las vacaciones escolares o navidades.
«Es injusto y denigrante que acudir de urgencia a un entierro familiar pueda costar más de 700 euros en billete aéreo. Hay familias separadas por el mar que no pueden cumplir con un régimen de visitas o custodia compartida debido al elevado coste de los vuelos«, lamentan desde el colectivo.
Ayudas actuales
Así, exponen que las actuales ayudas, como el descuento del 75% para residentes, no cubren a los descendientes, emigrantes canarios o familiares que viven en la Península, lo que supone, a su juicio, una «clara discriminación y rompe el derecho al reencuentro» familiar.
