El Ayuntamiento de Candelaria cerró el desagüe que conectaba los vertidos ilegales de aguas residuales de origen industrial de varias empresas con la red pública
El Tribunal Supremo ha dictado este jueves una sentencia en la que avala la decisión del Ayuntamiento de Candelaria de cerrar un desagüe que conectaba con la red pública los vertidos ilegales de aguas residuales de origen industrial de varias empresas ubicadas en polígono de Güímar.
En este caso se refiere a la entidad JSP por incumplimiento de cinco de los 50 parámetros exigidos por el Plan de Ordenación. La empresa recurrió el Decreto de 2018 emitido por el Ayuntamiento en el que declaraba ilegales los vertidos al emisario submarino copropiedad de los Ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar. Sin embargo, el Tribunal Supremo respalda la medida tomada por el Consistorio.
Así, María Concepción Brito, alcaldesa de Candelaria se muestra satisfecha y explica que, a partir de la decisión del Supremo «se produjo todo el proceso que conocemos con ese plan de etapas, para la autorización de vertidos y la solución del problema con el funcionamiento de la depuradora».
