El conseller de Empresa y expresident del Parlament Roger Torrent ha defendido ante la juez que tramitó las propuestas de resolución vetadas por el Constitucional para no cercenar el debate político y ha aducido que las advertencias de los letrados de la cámara sobre su ilegalidad no eran claras
Torrent ha comparecido esta mañana durante cerca de veinte minutos ante la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Maria Eugènia Alegret, que lo investiga por desobedecer al Constitucional al permitir que el Parlament votara, en noviembre de 2019, dos resoluciones a favor del derecho a la autodeterminación y de reprobación de la monarquía.
En su declaración, a escasas horas de que se inicie la reunión de la mesa de diálogo en la que él mismo participará, Torrent ha contestado solo a las preguntas de su defensa y ha admitido que el secretario general del Parlament advirtió a la Mesa de la ilegalidad de tramitar esas resoluciones, aunque los propios letrados de la cámara tenían dudas sobre ello.
Representantes de ERC, JxCat, la CUP y las entidades independentistas, así como miembros del Govern, han acompañadoal expresidente del Parlament Roger Torrent y a exmiembros de la Mesa ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) antes de su declaración como investigados por desobediencia.
Declara horas antes de la mesa de diálogo
La declaración de Torrent y de los exmiembros independentistas de la Mesa se produce horas antes de la reunión de esta tarde de la mesa de diálogo, a la que acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para intentar desencallar el conflicto catalán, una cita que ha propiciado la crisis más grave dentro del Govern desde la investidura de Pere Aragonès el pasado mayo.
El choque se ha desencadenado por la composición de la delegación catalana en la mesa, ya que JxCat decidió incluir a nombres como Jordi Sànchez y Jordi Turull -indultados por el Gobierno tras haber sido condenados por el «procés»-, mientras que Aragonès se ha negado a aceptar a participantes que no sean miembros del Govern.
La investigación contra Torrent deriva de la querella que la Fiscalía presentó contra él y los miembros soberanistas de la Mesa por tramitar resoluciones a favor del derecho de autodeterminación y contra la monarquía en octubre de 2019 a pesar de que el Tribunal Constitucional les había advertido de su deber de impedir cualquier iniciativa que supusiera desarrollar la declaración de ruptura del 9 de noviembre de 2015.
