La Guardia Civil ha detenido en Almería a 23 presuntos miembros, se les imputa la comisión de delitos continuados de denuncia falsa y simulación de delito
La Guardia Civil ha desmantelado una red que tramitaba permisos de residencia y rentas a falsas víctimas de violencia de género, y ha detenido en Vícar, Roquetas de Mar, El Ejido y Adra (Almería) a 23 presuntos miembros e investigado a otras 23 personas por estos hechos.
La Comandancia de Almería ha informado de que a los arrestados se les imputa la comisión de los delitos continuados de denuncia falsa y simulación de delito y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por los que han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería.
Además, se ha practicado un registro en el domicilio de uno de los detenidos en Vícar, donde han intervenido abundante documentación que están analizando los investigadores.
La investigación de la Operación Sin Flow comenzó en 2019, después de que agentes de la Guardia Civil detectasen un incremento significativo en las denuncias por violencia de género en la zona del poniente almeriense desde el último trimestre de 2018, las cuales presentaban «elementos y patrones comunes».
En muchos de estos casos la víctima era una mujer en situación irregular en el país y el presunto maltratador un hombre de nacionalidad española, en numerosas ocasiones con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y actas-denuncia por tenencia y consumo de drogas.
Además, se vio que la pareja solo conocía el nombre y número de teléfono de la otra persona, desconociendo su domicilio, oficio, lugar de trabajo, gustos, aficiones o familiares, pese a lo que ambos aseguraban ser novios, no matrimonio, sin convivencia, con una relación de entre cuatro y seis meses de duración.
Un importante número de los supuestos maltratadores no residía ni tenía vinculación con la provincia de Almería, viniendo muchos de ellos de Hellín (Albacete), mientras que gran parte de las víctimas residía en Las Norias de Daza, en El Ejido (Almería).
Las agresiones se producían en un lugar público con testigos, sobre todo por la tarde, en la vía pública o locales de hostelería, y la víctima resultaba con lesiones leves, como pequeños hematomas o arañazos en ambos brazos.
A la llegada de la Guardia Civil, el autor siempre reconocía la agresión de «forma expresa, sin dubitaciones», incluso generalmente era él quien llamaba la atención de los agentes informando que había pegado a su pareja.
La red desarticulada contaba con una «estructura sólida» en el poniente almeriense, lugar donde captaban a las mujeres de las que partía todo el montante económico con el que se sufragaban todos los gastos y pagos y adonde se trasladaban los varones.
Según la Guardia Civil, a cambio de 4.500 euros, ofrecían a las mujeres la obtención del permiso de residencia legal en España por circunstancias excepcionales así como el acceso a las ayudas económicas establecidas para estas víctimas, y a los varones, todos con múltiples antecedentes policiales y consumidores de estupefacientes, les ofrecían obtener entre 1.500 y 2.000 euros por prestarse a ello y facilitar el que fueran detenidos.
