Los retrasos en el cumplimiento de los compromisos económicos de la Administración es el principal motor de la protesta del sector de transporte
Esta mañana los empresarios de transporte discrecional de viajeros de Canarias celebraron una Asamblea Extraordinaria en la sede de la Federación de Empresarios de Transporte, donde acordaron realizar una jornada de paro en los servicios de transporte escolar, el próximo lunes 9 de enero.
La decisión viene motivada a modo de protesta por los retrasos en el cumplimiento de los compromisos económicos adquiridos por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
A su vez, en caso de que la Administración no realice gestiones que desbloqueen el colapso administrativo-económico de los servicios de transporte, los empresarios no descartan endurecer las medidas de presión en próximas fechas.
El presente curso escolar estuvo a punto de comenzar sin servicios de transporte por el enorme desfase económico existente entre el precio de lo contratado y lo que se viene abonando a los transportistas. Sin embargo, una propuesta de la Consejería de Educación en cuanto al calendario de actualización económica permitió que el sector del transporte accediera a iniciar el curso escolar 2022-23 con normalidad en la confianza del cumplimiento de lo comprometido.
La Administración adeuda la cláusula de IPC por un importante de 14 millones
A todo ello hay que sumar que todavía se desconoce cuándo se van a poder regularizar los conceptos económicos de los contratos de transporte escolar. Tampoco se ha formalizado un documento de reconocimiento de deuda que permita a las empresas transportistas acudir a productos financieros con la garantía de la deuda pendiente.
Actualmente, existen cuatro contratos de transporte escolar en Canarias que todavía no han recibido una actualización de los módulos económicos. En 2023, tampoco se garantizan fechas de regularización de los precios atrasados.
Por otro lado, desde hace 10 años, la Administración adeuda la cláusula de IPC recogida en los contratos por un importe de unos 14 millones de euros.
El compromiso de liquidación de este IPC histórico comprendía el abono en 3 plazos, 2022, 2023 y 2024. No obstante, el tercio de la deuda del año 2022 aun no se ha liquidado y ni siquiera se conoce su partida.
El sector del transporte de viajeros de Canarias lamenta tener que llegar a estos extremos, pero considera que no tiene la capacidad de soportar las consecuencias negativas de los problemas internos de gestión de la Administración. El sector trata de mantener su actividad a pesar de que los indicadores apuntan hacia el mantenimiento de la situación inflacionista a medio plazo.
