Blas Trujillo ha insistido en que el Gobierno de Canarias recuperará el dinero pagado por unas mascarillas que nunca llegaron
El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha insistido este martes en el pleno del Parlamento en que el Ejecutivo «evidentemente» recuperará en dinero o en especie lo pagado por unas mascarillas por las que abonó cuatro millones de euros pero que nunca llegaron.
En una comparecencia solicitada por el Grupo Nacionalista, el consejero ha subrayado que, de las compras realizadas durante la pandemia del coronavirus, sólo hay un contencioso que no ha terminado, y ha rechazado las acusaciones de falta de transparencia.
Trujillo ha remarcado que la persona que presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción obtuvo los datos, precisamente, del portal de transparencia del Gobierno de Canarias y ha asegurado que no fue esa la única operación en la que en esa época el Ejecutivo pagó de forma anticipada.
El diputado del CC, Alberto Díaz Estébanez, ha destacado que con un estafador no se negocia, sino que se acude a la Justicia, y ha considerado que no es normal pedir ese material a una empresa que ni tiene ni acredita tener ese material, y tampoco lo es pagar por adelantado, ni renegociar con la empresa que te ha intentado estafar.
Díaz Estébanez ha afirmado que hay otros casos bajo sospecha y, por ello, ha pedido información acerca de la compra de test y ha preguntado el destino de 100.000 mascarillas que se anunciaron para el tercer sector, y en ambos casos, ha añadido, no se ha facilitado información.
Asumir responsabilidades
El diputado del Grupo Nacionalista ha pedido al consejero que se asuman responsabilidades, algo que, en su opinión, atañe a quienes tomaron la decisión, el entonces consejero de Sanidad, Julio Pérez, el que era director del Servicio Canario de la Salud, Antonio Olivera, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.
La diputada del Grupo Mixto, Vidina Espino, ha responsabilizado de la situación al Gobierno español por no centralizar la compra del material y ha sido comprensiva con algunos errores, pero no con que se libre de toda responsabilidad al equipo que firmó la compra, encabezado por el anterior consejero de Sanidad, Julio Pérez.
Vidina Espino ha apuntado que es un asunto que está judicializado y ha opinado que el Gobierno regional tiene que reconocer que se ha cometido un error y hacer lo posible por recuperar el dinero.
Nada nuevo a lo ya sabido
Melodie Mendoza, de Agrupación Socialista Gomera (ASG), ha aseverado que entiende la preocupación de la oposición pero que una vez que se han dado explicaciones no entiende que pocos días después de aportar los datos se tenga el mismo debate, lo que, a su juicio, responde al interés de sembrar la duda.
La diputada de Sí Podemos Canarias, María del Río, ha reconocido que desde lo dicho el viernes hasta este martes no tiene mucho que añadir y ha considerado que todos los esfuerzos deben centrarse en recuperar el dinero, para añadir que se trata de una estafa con la que se ha engañado a la comunidad autónoma.
Esther González, de Nueva Canarias (NC), ha dicho que estas cosas ocurren y solo se puede culpar al defraudador, y ha apuntado que el precio era el que imponía el vendedor, por lo que ha afirmado que la decisión fue acertada. Además, ha preguntado al consejero si tiene la esperanza de que se recuperará el dinero.
Explicaciones dos veces en cinco días
El diputado del Partido Popular, Fernando Enseñat, ha manifestado que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reclamado que en otras comunidades autónomas se asuman responsabilidades políticas, pero para sí mismo «guarda silencio», y ha preguntado, entre otras cuestiones, si la Fiscalía investiga algún otro contrato.
El diputado del Grupo Socialista, Marcos Hernández, ha criticado que desde la oposición se diga que el Gobierno canario guarda silencio, ya que el consejero ha dado explicaciones dos veces en cinco días, y al diputado del grupo nacionalista le ha indicado que no ha aportada nada nuevo respecto a lo dicho el viernes pasado.
