Los magistrados dan tres días a las partes para pronunciarse sobre la petición de testificar sin acudir al juzgado
El Tribunal Supremo consultó hoy a las partes sobre la solicitud de Ángel Víctor Torres y Francina Armengol. Ambos políticos desean declarar por escrito como testigos en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos. El alto tribunal debe decidir si sus testimonios guardan relación directa con sus cargos actuales o pasados.
Ángel Víctor Torres y Francina Armengol pidieron formalmente evitar el desplazamiento a la sede judicial. Los actuales dirigentes alegan su condición de expresidentes de Canarias y Baleares para acogerse a este privilegio legal. El tribunal dictó una providencia donde otorga un plazo de tres días para recibir alegaciones de las defensas y acusaciones.
Solicitud de testificación no presencial
Los magistrados necesitan determinar si el contenido de sus respuestas tiene relación con el ejercicio de sus funciones públicas. La ley permite este formato de declaración solo en supuestos muy específicos relacionados con la alta representación institucional. Las partes personadas deberán exponer sus argumentos técnicos antes de la decisión final del Tribunal Supremo.
El exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama figuran como acusados principales en este procedimiento penal. La justicia investiga presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante los meses más críticos de la pandemia. El tribunal busca aclarar el papel de las administraciones autonómicas en estas adjudicaciones bajo sospecha.
Calendario judicial y contratos bajo sospecha
La agenda oficial sitúa las comparecencias de ambos políticos para el próximo día 22 de abril. Torres y Armengol deben explicar los contratos firmados con la empresa Soluciones de Gestión durante sus mandatos regionales. Esta entidad mercantil constituye el presunto epicentro de la trama de corrupción que afecta al entorno del exministro.
El Supremo pregunta específicamente sobre el contenido concreto de los informes que remitirían los testigos en caso de aprobación. Esta medida busca garantizar el derecho de defensa de todos los procesados durante la fase de juicio oral. La relevancia de sus palabras resulta crucial para delimitar responsabilidades en la gestión de los fondos públicos.
La decisión del alto tribunal marcará el desarrollo de una de las piezas judiciales con mayor impacto político en las islas. El Gobierno de Canarias y el Congreso de los Diputados permanecen atentos a la resolución de este trámite procesal. La transparencia en los procesos de contratación durante la crisis sanitaria centra el foco de toda la investigación.
