El TSJC confirma la suspensión de la orden del Gobierno de Canarias de no recibir nuevos menores migrantes

El TSJC reitera la suspensión del acuerdo del Gobierno de Canarias porque puede suponer un riesgo para los menores migrantes

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en su sede de Las Palmas de Gran Canaria (Sección Segunda) ha confirmado el auto del pasado 25 de septiembre. En él, a petición de la ONG Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, se acordaba suspender de forma provisional la orden del Gobierno de Canarias de no recibir nuevos menores migrantes.

El TSJC confirma la suspensión de la orden del Gobierno canario de no recibir nuevos menores migrantes. Imagen archivo TSJC/ RTVC
El TSJC confirma la suspensión de la orden del Gobierno canario de no recibir nuevos menores migrantes / Archivo

El Gobierno había acordado con las entidades colaboradoras en materia de migración «no” recibir “nuevos migrantes a cargo de esta CCAA, salvo la previa comunicación de conformidad o la autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes, en orden a proteger el interés de los menores no acompañados que ya están atendiendo».

En dicha resolución, el TSJC decidió, con carácter provisionalísimo, sin escuchar las alegaciones del Gobierno.

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Creen que el acuerdo puede afectar a los derechos de los menores migrantes

Ahora, con carácter provisional y las alegaciones del Gobierno, reitera la suspensión cautelar. Esto se debe a que entiende que la aplicación del acuerdo «comporta un serio riesgo de que se produzcan retrasos en el proceso de asistencia de los menores inmigrantes, al verse demorado su ingreso en los centros de acogida, con los consiguientes perjuicios que ello puede causar a un colectivo que, por sus circunstancias, resulta especialmente vulnerable».

No obstante, el TSJC aclara que no son ajenos al a crisis migratoria que sufre Canarias pero tienen que valorar «si la aplicación de la medida acordada (…) puede hacer perder su finalidad legítima al recurso (…) y consideramos que sí, habida cuenta de que los afectados por la medida son los menores migrantes cuyos derechos fundamentales se tratan de salvaguardar a través del recurso (…)».

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