El Ministerio de Consumo multa con 64 millones de euros a la plataforma Airbnb por anunciar viviendas vacacionales irregulares o con registros falsos, casi el 20 % de ellos en el archipiélago
Una de cada cinco viviendas vacacionales sin licencia o con un número de registro falso que han motivado la sanción impuesta a Airbnb por el Ministerio de Consumo se encuentra en Canarias.
En total, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha detectado 12.728 anuncios irregulares en el archipiélago, lo que representa el 19,54 % del conjunto de infracciones que han dado lugar a una multa de 64,05 millones de euros a la multinacional del alquiler vacacional.
Según la resolución del expediente, Airbnb anunciaba en España 59.229 viviendas turísticas sin número de registro, de las que 12.486 estaban ubicadas en Canarias, además de otras 5.769 con un número de registro falso, 242 de ellas en las islas.
Infracciones de la normativa de consumo
Estas prácticas constituyen infracciones graves de la normativa de consumo, al publicitar alojamientos que carecen de la licencia exigida o que incluyen datos registrales que no se corresponden con los reales.
La sanción ha devenido firme tras agotarse la vía administrativa, una vez resuelto el recurso de alzada presentado ante el ministro de Consumo. Además de la multa económica, la resolución impone dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a eliminar los contenidos ilícitos detectados y a hacer pública la sanción impuesta.
El ministerio también sanciona a Airbnb por incumplir las obligaciones de los contratos celebrados a distancia, al omitir información relevante sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, así como por obstrucción a la labor inspectora, tras negarse a facilitar información durante la instrucción del expediente y no cumplir con las medidas provisionales dictadas.
Segunda mayor multa en consumo
Tras conocerse la resolución, la asociación de consumidores Facua ha celebrado la sanción, destacando que se trata de la segunda mayor multa impuesta en España por vulnerar la normativa de consumo, solo por detrás de los 108 millones de euros con los que fue sancionada Ryanair por el cobro del equipaje de mano.
Facua ha instado además a las autoridades autonómicas a actuar con mayor contundencia frente a este tipo de fraudes inmobiliarios.
En la misma línea, la asociación de usuarios financieros Asufin ha respaldado la decisión del Ministerio de Consumo y ha subrayado que las plataformas digitales como Airbnb no pueden limitarse a ejercer de intermediarias sin asumir responsabilidades sobre los anuncios que publican.
