Las denuncias por violencia de género registradas en los órganos judiciales de Canarias durante el pasado año 2021 aumentaron un 0,9% en comparación con 2020. Si hace dos años los juzgados de las Islas habían registrado 8.926 denuncias por violencia machista, en 2021 el número fue 9.002, 76 más, según datos difundidos hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. El aumento de la criminalidad machista en Canarias es muy inferior al registrado en la totalidad del territorio nacional, donde el número denuncias se incrementó un 9,35%.
Según el informe del órgano de gobierno de los jueces, el número de mujeres víctimas de la violencia de género también se incrementó el año pasado en las Islas, en comparación con 2020. Pasó de 8.855 a 8.971, 116 más, un aumento del 1,3%.
De acuerdo con los datos oficiales, Canarias registró durante el año pasado una tasa de 86,6 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, la cuarta más alta del Estado después de Baleares (103), Murcia (88,9) y la comunidad valenciana (86,6). El dato supone un incremento de 1.1 puntos con respecto a la ratio del año anterior (un 1,4%), si bien la comparativa evidencia que el Archipiélago bajó un puesto en el escalafón de las comunidades más castigadas por la violencia machista: del tercero en 2020 al cuarto en 2021. La media nacional fue de 66 mujeres víctimas de violencia machista por cada 10.000 mujeres, 15,6 puntos por debajo de la ratio canaria.
El informe del Observatorio ofrece más datos: de las 8.971 mujeres víctimas de violencia en Canarias, 7.282 fueron españolas (12 de ellas menores de edad) y 1.689 extranjeras. 971 de las víctimas se acogieron durante la tramitación del proceso a la dispensa a la obligación de testificar contra su presunto agresor, un 15,2% menos que en el año anterior, cuando no habían confirmado las denuncias 1.145 féminas.
Durante el año pasado, los órganos judiciales canarios que juzgaron casos de violencia de género dictaron 2.522 sentencias condenatorias (un 11,7% más que en 2020), 226 sentencia absolutorias (un 18,9% más que en el año anterior), 518 autos de sobreseimiento libre (-1,7%) y 3.037 autos de sobreseimiento provisional de las actuaciones (+6,2%). El porcentaje de sentencias condenatorias fue del 91,8% (-0,5%) y el de terminación por sobreseimiento provisional, del 85,4% (un 1,2% más que en el año anterior).
En lo que alude a personas enjuiciadas, el año pasado fueron 2.818 las que se sentaron en el banquillo en Canarias por delitos machistas (un 14,7% más que en 2020), siendo condenados el 91,6% (un 0,3% menos que en 2020). 2.083 fueron ciudadanos españoles y 497 extranjeros.
En lo que se refiere a órdenes de protección, los juzgados canarios registraron el año pasado 1.876 peticiones, un 15,7% menos que en 2020. De ellas, los juzgados inadmitieron 26, adoptaron 1.448 y denegaron 402.
El estudio del Observatorio ofrece por segundo año datos desglosados por islas. Durante el año pasado, en los distintos juzgados de Fuerteventura se registraron 500 denuncias de delitos por violencia sobre la mujer; en los de Gran Canaria, 3.956; en los de Lanzarote, 432; en los de El Hierro, 20; en La Gomera, 32; en La Palma 303, y en Tenerife, 3.732. En la gran mayoría de los casos se denunciaron delitos de lesiones y malos tratos.
Aumenta un 137 % la suspensión del régimen de visitas en el ámbito nacional
Por otra parte, los órganos judiciales dictaron 16.973 medidas cautelares civiles (un 10,3 % más que en 2020), cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (5.539), que representaron el 19,96 % del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (4.711), el 16,87 % del total. También estos porcentajes se mantienen estables en relación con los de 2020.
Sin embargo, el aumento más significativo se ha dado en la medida consistente en la suspensión del régimen de visitas: de las 847 medidas de este tipo acordadas en 2020, se ha pasado a 2.008, lo que ha supuesto un aumento del 137 por ciento en todo el ámbito nacional. Este incremento es consecuencia de la entrada en vigor el 24 de junio de 2021 de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que modificó el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estableciendo la suspensión del régimen de visitas “cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido” con la violencia de género.
Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, asegura que los datos correspondientes a 2021 y a su cuarto trimestre ponen de manifiesto la mayor protección de la que gozan los hijos e hijas de las víctimas de la violencia machista tras la entrada en vigor, el pasado año, de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
El año pasado fue especialmente duro en lo que se refiere al número de menores asesinados, que ascendió a 7, más del doble que en 2020 y en 2019, años en los que fueron tres. Los datos que desde 2003 recaba el Observatorio no han dejado de poner en evidencia que la ruptura de la relación de pareja, e incluso el mero anuncio por parte de la mujer de su intención de separarse, es un factor que aumenta el riesgo para las víctimas de la violencia de género y para sus hijos e hijas.
Por este motivo, Carmona valora de forma muy positiva el aumento de la medida consistente en la suspensión del régimen de visitas, que en 2021 fue adoptada por los jueces y juezas de los juzgados de violencia sobre la mujer en 2.008 casos, frente a los 847 de 2020. Sólo en el cuarto trimestre del pasado año, se adoptó en 836 casos.
La protección de los niños y niñas está presente en el Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017, que ya proponía revisar la regulación del régimen de visitas en los casos de violencia de género y, por supuesto, ha recalcado Carmona, es uno de los principios que rigen nuestro ordenamiento jurídico.
En relación con la imagen que muestran los indicadores de la violencia de género en 2021, la presidenta del Observatorio ha insistido una vez más en dos aspectos que son fundamentales: el apoyo a las víctimas por parte de aquellas personas que conforman su entorno más cercano, un respaldo dirigido a evitar el completo aislamiento de estas mujeres y a dirigirlas hacia la única salida posible de la situación de violencia, que es la denuncia. Sólo así se pondrá en marcha la maquinaria de la Administración, cuya doble finalidad es proteger a la víctima y someter al agresor a la Justicia para que ningún acto de violencia machista pueda quedar impune.
El segundo aspecto es el de la educación de nuestros niños y niñas en valores que les permitan crecer en una sociedad donde primen la igualdad y el respeto. Esta tarea incumbe a todos, administraciones y empresas, ya sean públicas o privadas, colegios, universidades, medios de comunicación, etc. El reto de la educación se antoja cada vez más importante dado el aumento de la violencia de género en parejas jóvenes e incluso adolescentes. Según los estudios realizados por el Observatorio, suman casi medio centenar las mujeres menores de 21 años asesinadas por sus parejas o ex parejas desde 2003.
