El ICAVI se encuentra valorando los expedientes de otras 85 familias que hasta la fecha no habían podido demostrar la titularidad de las viviendas sepultadas por la lava para concederles la ayuda en el caso de que certifiquen toda la documentación requerida
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha publicado este viernes día 7 una nueva resolución por la que concede y abona a 24 familias afectadas por la erupción del volcán una ayuda para pagar el alquiler. Así les garantiza un hogar de manera temporal en tanto se reconstruyen sus casas. De esta forma, 512 las familias palmeras afectadas por el volcán cobran la ayuda al alquiler del Gobierno, que puede alcanzar los 594 euros al mes.
Las personas beneficiarias cuentan con un plazo de seis meses para justificar el abono de estas ayudas, aportando contrato y los recibos correspondientes al periodo indicado en el anexo de la resolución publicado. Todo ello a menos que esta documentación ya se hubiera aportado previamente por las familias.
Entre las personas bonificadas se encuentran cinco familias de Puerto Naos y La Bombilla que, en estos momentos, siguen sin poder acceder a sus casas por los gases emitidos por la erupción. En esta resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial de Canarias, se concede un importe total de 37.072 euros a estas 24 familias.
Ayuda extraordinaria al alquiler para los afectados
El Instituto Canario de la Vivienda se encuentra también revisando los expedientes de otras 85 familias que, hasta la fecha, no habían podido demostrar la titularidad de viviendas que se quedaron inhabilitadas a causa de la erupción del volcán en Cumbre Vieja. Estos expedientes se están revisando y aquellos que logren certificar toda la documentación requerida por la administración pasarán a cobrar la ayuda como el resto de los beneficiarios.
Esta ayuda extraordinaria al alquiler para los afectados del volcán de Cumbre Vieja fue implantada por el Gobierno de Canarias a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda para atender las demandas de aquellas familias que fueron desalojadas de sus casas y encontraron un hogar de alquiler provisional hasta que se reconstruyan sus viviendas o puedan volver a aquellas que ahora son inaccesibles.
Para financiar esta ayuda extraordinaria, la Consejería ha aprobado una partida inicial de 4.276.000 euros que se puede ampliar para atender a todas las demandas que lleguen de las familias afectadas. En una primera resolución, en mayo, se empezó a pagar esta ayuda a 327 familias, a las que se unieron en septiembre otras 161. Con la tercera resolución publicada hoy, se suman 24 más.
Los alquileres se pagan a los afectados que ya estén apuntados en el registro único de damnificados puesto en marcha por el Gobierno de Canarias y que así lo manifiesten en su inscripción, por tanto, no tendrán que realizar ningún trámite nuevo para solicitarlas. Tendrán derecho a recibir estas ayudas, durante un período máximo de 36 meses, todas las familias inscritas en el registro único que justifiquen haber perdido su vivienda habitual por la erupción y aporten los justificantes del pago del alquiler.
Canales habituales del Instituto Canario de la Vivienda
Quienes ya han resultado beneficiados se les notifica tanto por la resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias, mediante un SMS, correo electrónico, así como los canales habituales del Instituto Canario de la Vivienda. Además, se ha habilitado el teléfono 922 9222 656 (en horario de 09:00 – 12:00) para cualquier duda o consulta.
Estas ayudas se enfocan a los propietarios de viviendas destruidas o declaradas inhabitables, como a los arrendatarios que vivían en una casa que fuera su vivienda habitual y también resultara destruida o declarada en ruinas a causa de la erupción. En este caso, en el de los que vivían de alquiler antes de la erupción, la ayuda consistirá en el abono de la diferencia entre las rentas del alquiler anterior y de la nueva vivienda, también por un periodo máximo de 36 meses. Esta ayuda, para la que el ICAVI aporta una dotación inicial de 3,2 millones de euros, estará vigente hasta 2023.
