Atribuye a los principales acusados delitos de estafa agravada, organización criminal y falsedad documental
Afectados por la presunta ‘criptoestafa‘ de Arbistar han pedido al juez que acomode el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional para castigar a los principales investigados con penas de más de 9 años de cárcel.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación particular ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, el juez José Luis Calama, que «adecue los trámites del presente procedimiento a los trámites del procedimiento ordinario de sumario», al tiempo que ha reclamado también «que se proceda a la práctica de declaración indagatoria a todos los investigados en la presente causa».
La acusación ha considerado acreditado –como consecuencia de la investigación realizada hasta el momento– que los investigados son «susceptibles de ser castigados con una pena que supera los nueve años de prisión», por lo que ha estimado pertinente transformar el procedimiento.
«Esta parte, en el escrito de calificación provisional que formulará cuando se nos dé traslado para ello, expondrá que los hechos objeto del presente procedimiento son constitutivos de un delito masa de estafa agravada, un delito de organización criminal, y un delito continuado de falsedad en documento mercantil», ha precisado.
3.382 usuarios perjudicados y más de 7.000 denunciantes
Respecto al delito de estafa agravada, las víctimas han señalado que la pena correspondiente iría de 8 años a 18 años de prisión y a una multa de 2 años a 4 años y medio. Por el delito de organización criminal, han apuntado que la pena iría de 6 a 8 años de cárcel para los promotores y de 3 a 6 años y medio para los integrantes. En cuanto al delito de falsedad documental, las penas irían de 1 año y 9 meses a 3 años y 9 meses de prisión.
Según el equipo jurídico a cargo de la acusación popular, la actuación de los acusados ha perjudicado a un total de 3.382 usuarios. «El perjuicio directo e inmediato que se les ha causado a nuestros patrocinados asciende a una cantidad total de 66.658.082.332 euros, todo ello sin contar la indemnización civil por daño emergente, lucro cesante y otros conceptos indemnizables», ha añadido.
Al hilo, la acusación ha incidido en que el número de denunciantes es «realmente incontable, porque hasta la fecha hay más de 7.000 personas que se han personado ante la Audiencia Nacional, pero todo los días siguen incorporándose a la causa».
Investigación finalizada
La petición de las víctimas tiene lugar después de que el pasado abril el juez Calama, tras haber agotado las diligencias, diera por finalizada la investigación sobre la presunta estafa cometida por la plataforma de inversión en criptomonedas Arbistar.
Fuentes jurídicas confirmaron a Europa Press que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 acordó no prorrogar la instrucción de esta causa, por lo que tendría que decidir si procede al archivo de la misma o continúa con el procedimiento hasta sentar a los acusados en el banquillo.
Hasta la fecha, el magistrado indagaba en la supuesta estafa piramidal con criptomonedas que habría dejado un saldo de más de 100 millones de euros estafados y más de 30.000 perjudicados en todo el mundo, desde España hasta Irán, Bulgaria, Colombia o Argentina, entre otros países, según el juez.
Pese a la finalización de la investigación de la causa, el juez seguirá investigando en una pieza separada, al menos hasta octubre de este mismo año, un presunto delito de blanqueo de capitales.
Según las acusaciones, Arbistar comenzó a funcionar en 2019, primero vendiendo un ‘software’ que hacía seguimiento del mercado de las criptomonedas para avisar al inversor de cuál era el mejor momento para comprar o vender, siendo el propio usuario quien debía hacer la operación manualmente.
Después ofrecieron un ‘bot’ al que posteriormente se sumaron sucesivos productos vinculados al mercado de las criptomonedas que anunciaban en vídeos de YouTube y a través de página web.
Altas rentabilidades
Las altas rentabilidades que garantizaban propiciaron que los 200 inversores iniciales se multiplicaran, hasta el punto de que el mercado nacional se les quedó pequeño y se dirigieron a inversores extranjeros, sobre todo en América Latina y el mundo árabe.
Además, pagaban un porcentaje a los inversores que traían nuevos clientes estableciendo un sistema de comisiones en cascada. Así, crearon ‘el club del millón‘, un selecto grupo de unas 15 o 20 personas que habrían ganado cada uno más de un millón de euros en comisiones.
La estafa piramidal estalló en otoño de 2020 con las primeras denuncias. Entre los afectados, detallan las acusaciones, hay personas sin conocimientos informáticos ni financieros que entregaron dinero en efectivo para que Arbistar se lo invirtiera.
El Grupo de Ciberdelincuencia Criminal de la Guardia Civil explicó el pasado febrero al juez que después de analizar los dispositivos requisados consideraban que el programa que ofertaban a sus miles de clientes –‘Community Bot‘– para realizar operaciones online en realidad no existía.
Este dato era relevante en la investigación en la medida en que los principales encausados explicaron a sus clientes cuando empezó a fallar la operativa que todo se debía a un problema de funcionamiento de ese algoritmo o ‘bot’. En realidad, el juez instructor considera que podría tratarse de una estafa piramidal.
Las pesquisas de la Guardia Civil que desembocaron en este informe se iniciaron a petición del juez, que quería saber dónde estaba registrado el ‘Community Bot’, cuáles eran sus características técnicas y si era viable que ejecutara todo lo prometido a los inversores.
