Armas, el exadministrador de Seguridad Integral Canaria será llevado a juicio por la presunta apropiación de 83.000 euros

La Fiscalía pide tres años y medio de prisión para Héctor de Armas, el exadministrador de Seguridad Integral Canaria, por retirar dinero de Caixabank, Bankia y BBVA sin autorización

Armas, el exadministrador de Seguridad Integral Canaria será llevado a juicio por la presunta apropiación de 83.000 euros
Armas, el exadministrador de Seguridad Integral Canaria será llevado a juicio por la presunta apropiación de 83.000 euros. RTVC

El exadministrador único de Seguridad Integral Canaria, Héctor de Armas, se sentará este miércoles en el banquillo de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas acusado de un delito continuado de apropiación indebida. La Fiscalía solicita para él una pena de tres años y seis meses de cárcel, al considerar que se apropió de 83.000 euros pertenecientes a tres entidades bancarias que habían confiado esos fondos a la empresa.

Según recoge el escrito de acusación, los hechos ocurrieron entre el 29 de enero y el 26 de junio de 2018, cuando De Armas firmó siete órdenes de retirada de dinero procedente de depósitos de Caixabank, Bankia y BBVA, disponiendo del capital “como si fuera suyo” y sin el consentimiento de las entidades.

El Ministerio Público sostiene que el acusado ignoró tres requerimientos para la devolución del dinero, dos por correo electrónico y uno verbal, y no ofreció explicación alguna para justificar su actuación.

Cuota diaria de 10 euros

Por estos hechos, la Fiscalía solicita no solo la pena de prisión, sino también una multa de 10 meses, con una cuota diaria de 10 euros (3.000 euros en total). En caso de impago, se plantea una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no abonadas.

Además, el fiscal reclama que De Armas indemniz​e a Caixabank, Bankia y BBVA con los 83.000 euros presuntamente apropiados. Si él no satisface esta cantidad, deberá hacerlo de forma subsidiaria la empresa Seguridad Integral Canaria.

La vista oral determinará ahora si los hechos constituyen el delito continuado de apropiación indebida que sostiene la acusación.

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