La presidenta de Baleares pedirá al Supremo la suspensión cautelar del decreto aprobado por el Gobierno que establece el procedimiento de distribución de menores migrantes no acompañados
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El gobierno de Baleares no quiere a los 49 menores migrantes que trasladarán desde Canarias. Lo ha dejado claro su presidenta, Marga Prohens, que ha anunciado este jueves que el Govern recurrirá ante el Supremo y pedirá la suspensión cautelar del decreto aprobado por el Gobierno que establece el procedimiento de distribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, salvo el País Vasco y Cataluña. entre las comunidades autónomas, salvo el País Vasco y Cataluña.
Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reprochado el recurso anunciado y ha apuntado a que esta decisión no se debe a la falta de medios, sino al racismo.
Evitarlo «por todas las vías»
«Recurriremos a todas las vías a nuestro alcance para evitar la imposición de este reparto que no podemos asumir en condiciones de dignidad y humanidad», ha afirmado este jueves la mandataria autonómica en una rueda de prensa. Ha sido después de reunirse por cuarta vez con los presidentes de los cuatro Consells insulares para abordar la crisis migratoria en el archipiélago.
Ha detallado que el Govern recurrirá tanto el decreto aprobado el 28 de julio, que establece el procedimiento de acogida, como el que está previsto que apruebe el próximo Consejo de Ministros para que empiece el reparto la semana que viene.
Situación «alarmante» en Baleares
Prohens ha aseverado que la situación de la inmigración ilegal en Baleares es «alarmante». Este año han llegado más de 4.700 personas en pateras. Lo hicieron principalmente desde Argelia, de las que 1.500 corresponden solo al mes de agosto.
«La situación cada día es peor y no tiene visos de solución», ha manifestado Prohens. Ha afirmado que el Gobierno de España «tiene un problema serio cuando no es capaz de proteger sus propias fronteras».
Los servicios sociales de los Consells insulares de las cuatro islas atienden actualmente a 680 menores no acompañados, ha concretado la presidenta. Asegura que el Govern estudia, al estar sobreocupados y ante la falta de medios materiales, habilitar otros espacios para los migrantes en los que «no se merecen ni deberían vivir nunca».
Ha cifrado la sobreocupación de los centros de acogida de menores de Baleares en más del 1.000%.
La presidenta del Govern y los de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera se han reunido para establecer una «estrategia legal» frente a la decisión del Gobierno de repartir a los menores no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, de los que Baleares tiene asignados 49.
Lucha contra las mafias
El Ejecutivo balear y los consells insistirán en solicitar al Gobierno que «refuerce la lucha contra las mafias que trafican con inmigrantes». Quiere que aumente las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las islas, donde actualmente existen 600 vacantes, según los sindicatos.
Exigen también que España recupere «la vía diplomática» con Argelia para controlar los flujos migratorios ilegales- Es la ruta migratoria que «más crece» en toda Europa, ha reseñado Prohens.
Para tratar esta problemática, Prohens y los presidentes de los Consells se reunirán a finales de septiembre con el comisario europeo de Inmigración, Magnus Brunner, para pedirle la activación «lo antes posible» del sistema de control de fronteras Frontex en Baleares.
El Gobierno tacha la medida de «racista»
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reprochado el recurso anunciado por Baleares y ha apuntado a que esta decisión no se debe a la falta de medios, sino al racismo.
A través de un mensaje en la red social Bluesky, la ministra señala que el Govern «ni siquiera acudió» a la convocatoria de la última Conferencia Sectorial de Infancia, en la que se iba a aprobar un reparto de fondos extraordinario de 22 millones de euros para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
«No es falta de medios, es racismo», ha rematado su mensaje Rego. En este sentido, recordó el encuentro sectorial que tuvo que ser cancelado por falta de quorum, ante el plante de las comunidades presididas por el Partido Popular.
