Se tata de un acuerdo «histórico», el primero adoptado por la OCDE en materia de uso de datos, y supone un importante compromiso político por parte de los 38 países que lo integran
Los países de la OCDE han adoptado un acuerdo «histórico» para salvaguardar la privacidad en el acceso a los datos personales en poder de entidades del sector privado, que pasa por establecer límites al acceso a los mismos así como fijar mecanismos de reparación, e incluso compensación, en caso de daños.
Se tata de un acuerdo «histórico», el primero adoptado por la OCDE en esta materia y que supone un importante compromiso político por parte de los 38 países que lo integran, ha afirmado este miércoles el secretario general de esta organización, Mathias Cormann, en la última sesión de la Conferencia ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que se celebra en Maspalomas (Gran Canaria), donde se ha firmado esta declaración.
En este acuerdo, se ha buscado reforzar la confianza entre países a la hora de transferir datos conscientes de que éstos son fundamentales para la transformación digital de la economía mundial y que su uso debe hacerse salvaguardando los derechos y libertades de los individuos.
Siete principios en el acuerdo de uso de datos
En esta declaración se han fijado una serie de principios -siete en total- que pasan por que el acceso de los gobiernos a los datos tengan fines legítimos y que no sirvan «nunca» para reprimir o socavar las críticas o para poner en desventaja a ciertos grupos en base a características como la edad, discapacidad, orientación sexual o afiliación política o religiosa, entre otras.
La obligatoriedad de tener un marco jurídico claro y transparente, en el que se incluyan límites como que los datos sean usados por personal autorizado; que se establezcan mecanismos de supervisión eficaz para garantizar un uso debido de éstos así como establecer mecanismos de reparación en caso de daños son algunas de los puntos de esta declaración.
El acuerdo contempla una reparación efectiva en caso de que se haya vulnerado el marco legal nacional y que contempla la cancelación del acceso a los datos, eliminar los datos retenidos o a los que se han accedidos indebidamente e incluso compensaciones por los daños sufridos.
Dos años de «arduo trabajo»
Esta declaración es fruto de un trabajo «arduo» de dos años, ha afirmado el secretario de la OCDE: «Puede parecer algo de índole técnico pero el acceso de los gobiernos a datos personales es uno de los puntos más candentes para los países».
La declaración se ha elaborado a través de un grupo de expertos de diversos países en materia de protección de datos, seguridad nacional y orden público.
El proyecto surgió de la creciente preocupación por la falta de principios comunes en ámbitos sensibles como son la seguridad nacional y el orden público, una carencia que podría conducir a restricciones indebidas de los flujos de datos.
La declaración complementa las Directrices de la OCDE sobre privacidad, que se actualizaron por última vez en 2013 y que constituye uno de los logros más importantes de la Organización, que se remontan a 1980 y que constituyen la base de las normas sobre privacidad de muchos países.
Brasil pide un entorno digital fiable ante amenazas
El secretario de Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia de Brasil, Sergio Freitas, ha pedido este miércoles fomentar entornos digitales seguros y adoptar de forma global políticas de ciberseguridad fiables «ante amenazas que cada vez son más sofisticadas».
Así se ha expresado Freitas en uno de los paneles de la reunión interministerial de la OCDE sobre transformación digital, donde ha recordado que hace un año Brasil sufrió un ciberataque que duró varios días y afectó a la infraestructura digital del Ministerio de Salud y de Economía, «e incluso a la red eléctrica», y que tuvo bloqueado el acceso a datos y plataformas frente a los atacantes, que pidieron un rescate.
Ante ese escenario, ha incidido el dirigente brasileño, se hacen necesarias las estrategias e iniciativas que aporten confianza a los entornos digitales y, a la vez, respeten los derechos de la ciudadanía.
A su juicio, la OCDE en sus recomendaciones debería recoger un manual de gestión de riesgos digitales que aborde «principios operativos básicos» para gestionar los riesgos digitales de las organizaciones, la seguridad de los datos y el tratamiento de las vulnerabilidades.
«En los últimos años Brasil ha avanzado considerablemente en el marco normativo de la seguridad digital, con una estrategia federal. A Brasil y a los brasileños les encanta hacer todo por internet y tenemos que garantizar su seguridad, para que cada vez que accedan sea un lugar seguro, especialmente cuando se conectan a páginas del gobierno», ha concluido Freitas.
