Fue durante las primeras semanas del estado de alarma cuando se compraron varios lotes de mascarillas
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El Gobierno de Canarias compró en las primeras semanas del estado de alarma varios lotes de mascarillas a la sociedad vinculada al ‘caso Koldo’. Lo hizo por importe de 6,87 millones de euros, en contratos adjudicados de forma directa al amparo de las normas de emergencia dictadas por la pandemia de covid.
Víctima de una presunta trama
La sanidad pública canaria figura entre las víctimas de la presunta trama dedicada al cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia que investigan la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil. Y por la que ha sido detenido, entre otros, Koldo García, asesor de José Luis Ábalos (PSOE) en la etapa de este como ministro de Fomento.
Según consta en documentos oficiales del Servicio Canario de la Salud (SCS) y de la Consejería de Sanidad del la comunidad autónoma que se pueden consultar en la Plataforma de Contratación Pública, la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas recibió dos encargos para proveer a los hospitales de las islas de mascarillas FFP2 o K95.
El primero, por importe de 6,87 millones de euros (que luego se redujeron a 2,09 millones por la inferior calidad del material servido) y el segundo, por 4,77 millones, ambos en abril de 2020.
En aquellos momentos, los hospitales canarios necesitaban un suministro semanal de 510.000 mascarillas de mascarillas quirúrgicas. Y FFP2 para que su personal pudiera trabajar con seguridad. Como ocurría en el resto de España, tenían graves problemas para conseguirlas, por lo que se recurrió a proveedores sin relación anterior con el sector, pero que ofrecían contactos internacionales que supuestamente les permitían comprarlas en otros países.
«Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas»
En este contexto, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas se convirtió en proveedor del Servicio Canario de la Salud, según figura en los documentos que componen los distintos expedientes.
En primer lugar, el 22 de abril de 2020, se le aceptó que sirviera una partida de 2,75 millones de mascarillas FFP2 con un precio unitario de 2,50 euros. Lo que hacía un montante global de 6.875.000 euros. La empresa fue entregando lotes los días 23, 25 y 26 de abril hasta suministrar 837.000 unidades, pero surgió un problema.
Los servicios de prevención de riesgos laborales de los hospitales canarios detectaron que ese material era de inferior calidad al encargado (27 de abril) y pidieron un informe al Centro Nacional de Medios de Protección. Estudió que acabó dictaminando (septiembre de 2020) que, en efecto, no eran mascarillas FFP2, sino que estaban un escalón por debajo en capacidad de filtrado del aire (FFP1).
El Servicio Canario de la Salud siguió contando con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas a pesar de los problemas de calidad del encargo anterior y le adjudicó, también en abril, la compra de 1,91 millones de mascarillas FFP2/K95, de nuevo a 2,50 euros la unidad.
En total, 4.775.500 euros, que le fueron abonados en junio de 2020 por orden del entonces consejero de Sanidad, Julio Pérez (PSOE).
Contratos en medio de la pandemia
Mientras este segundo contrato se completaba, se buscó una solución al anterior, que no se rescindió a pesar de que no se había suministrado el material encargado (mascarillas con capacidad FFP2).
En el expediente, figura una resolución del 3 de noviembre de 2020 por la cual el entonces director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, autoriza que se acepte la contraoferta de la empresa. Una oferta que propuso que las 837.300 mascarillas servidas se valorasen al precio de mascarillas quirúrgicas (a 84,5 céntimos de euro la unidad) y se le diese la oportunidad de servir 555.000 unidades de otro fabricante con calidad acreditada FFP2/K95.
Con el visto bueno de Domínguez, finalmente se abonó a la empresa no los 6,87 millones de euros del encargo original, sino 2,09 millones. 707.518 euros por 837.300 mascarillas aceptadas como ‘quirúrgicas’ y 1,38 millones por 555.000 mascarillas FFP2/K95.
En su resolución, el director de SCS explica que se aceptó el cambio propuesto por la empresa porque en aquellos momentos (noviembre de 2020) los contagios seguían en ascenso. Necesitaban suministros constantes de material de protección y creía que había que valorar «los tiempos de entrega de un nuevo pedido» frente a la ventaja de que ese material estaba disponible para un uso inmediato.
La dimisión de Domínguez
La suma final de los dos encargos ascendió a 6,87 millones de euros, el mismo importe que había sido adjudicado a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas en el contrato que no pudo cumplir con todas las condiciones pactadas porque las mascarillas no eran FFP2.
Conrado Domínguez dimitió de su cargo en el SCS en noviembre de 2022, tras verse imputado en delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el «caso Mascarillas» de Canarias. La presunta estafa a la sanidad pública de cuatro millones de euros con un encargo de cubrebocas a otra firma sin relación previa con el sector, RR7, una pequeña sociedad canaria dedicada a la importación de coches.
