Los colectivos ecologistas agrupados en la plataforma sostienen que las obras ocupan terrenos destinados a zonas verdes de uso público
Los colectivos ecologistas agrupados en la plataforma Canarias Tiene un Límite denunciaron este jueves posibles irregularidades en la obras que acomete el grupo turístico Lopesan en los barrancos de Pasito Blanco y El Toscón, en la zona del campo de golf entre Meloneras (Gran Canaria).
Estos colectivos sostienen en un comunicado que «el enterramiento y posterior canalización» de ambos barrancos «tienen como objeto desarrollar la urbanización del campo de golf de Meloneras y optimizar el uso de la superficie libre de las nuevas canalizaciones para la práctica del golf de forma privada».
Sin embargo, aseguran que el desarrollo se lleva a cabo íntegramente dentro de los límites de la parcela V3 del Plan Parcial Golf Meloneras, cuyo destino previsto era destinarse a zonas verdes de uso público con viales peatonales que den acceso al mar en cada barranco.
Diferentes interpretaciones
Canarias Tiene un Límite afirma que así consta en el decreto de autorización de las obras emitido por el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria el 7 de diciembre de 2023. También anunciaron que no van a permitir que «el uso público y el respeto al planeamiento se vean nuevamente pisoteados por los intereses privados de siempre».
Según la interpretación de la plataforma, esas zonas deberían haber sido cedidas de manera gratuita al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y convertidas en dominio público para asegurar un acceso efectivo al mar y el uso libre y público de los barrancos.
Por ello, consideran que la actuación del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria, al autorizar el enterramiento de los cauces naturales y su posterior canalización, es «inconcebible», ya que provoca un grave perjuicio al patrimonio común y no se ajusta a derecho.
A juicio de la plataforma, la «única justificación para las citadas obras» es «una operación urbanística y no una necesidad hidrológica», ya que «no se tiene en cuenta el planeamiento vigente en la tramitación y el propio resultado de las obras resulta en un uso prohibido para la parcela donde se desarrolla«.
