Las dos formaciones han registrado la petición para crear una comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia por parte del anterior Ejecutivo canario
Los grupos del Partido Popular y Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias han registrado este miércoles la petición para crear una comisión de investigación que analice las responsabilidades políticas por la posible corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia y «poner luz a una trama tragicómica entre Los Soprano y Torrente».
Así se han expresado en una rueda de prensa los diputados José Alberto Díaz (CC) y Luz Reverón (PP). quienes han apuntado la necesidad de analizar lo sucedido tras conocerse que el Gobierno de Canarias compró en los primeros tres meses del estado de alarma varios lotes de mascarillas a la sociedad vinculada al ‘caso Koldo’, nombrada así por el entonces asesor del exministro de Transporte José Luis Ábalos, por importe de 12 millones de euros, en contratos directos.
La comisión de investigación también analizará lo que según CC y PP entonces consideraron «la punta del iceberg», el ‘caso Mascarillas’, en el que se investiga el pago por parte del Gobierno canario de material sanitario por valor de 4 millones de euros que nunca se llegó a entregar.
«Han pasado 474 días desde que CC y PP pidieron analizar las responsabilidades políticas del Gobierno canario para la compra y contratación de material sanitario y aquella operación de robo, estafa, descontrol y despilfarro. 474 días sin respuesta ni explicaciones y una estrategia de negarlo y ganar tiempo e impunidad», ha señalado Díaz Estébanez.
Acusación al anterior Ejecutivo canario
Ambos diputados han acusado a los partidos que apoyaban al anterior Gobierno de impedir no solo llevar a cabo la comisión de investigación sino incluso de debatir la propuesta el pleno, pues «aplicaron el rodillo».
«Hay que tener la cara de cemento armado para decir que no pondrán obstáculos. Es importante entender que sin estos días perdidos es probable que muchas cosas hubiesen cambiado y se hubiesen sabido y hoy algunos no estarían tan estupefactos», ha ahondado José Alberto Díaz.
Para el diputado nacionalista, existe un «evidente paralelismo» entre el ‘modus operandi’ del caso mascarillas y Koldo y ha preguntado «dónde están las actas» del comité de gestión a través del que se centralizó la gestión de la pandemia y que estaba presidido por el anterior presidente canario y hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Para CC, lo más grave «no es el caso particular por detestable», sino la posibilidad de una trama sistemática y organizada creada con el objeto de enriquecerse.
Preguntados por si pedirán la comparecencia también de los cuatro empresarios investigados por malversación y blanqueo en la compraventa de material sanitario (Miguel Ángel Ramírez, Lucas Bravo de Laguna, Christian Cerpa y Noel Jammal), por valor de 22,9 millones de euros, Díaz Estébanez ha dicho que no dirigen la investigación parlamentaria «en función de quien afecte sino de los hechos».
«Centramos el tema en la operación de compraventa de material sanitario, más allá de los delitos societarios. No descartamos que venga cualquiera, también los empresarios, no es una comisión ‘ad hominem'», ha rematado Díaz Estébanez.
Dejar trabajar a la justicia
Del PP, Luz Reverón ha resaltado la importancia de «dejar trabajar a la justicia» y respetar «tanto al poder judicial como la presunción de inocencia».
«Vamos a exigir luz y taquígrafos y criticar lo que hizo Ángel Víctor Torres, que no puede permanecer callado ante este cúmulo de situaciones irresponsables. Hablamos de 45 millones de euros que le ha costado a las arcas públicas canarias. No es un caso aislado, demuestra una forma de actuar y de entender la gestión del dinero público», ha reflexionado la diputada popular.
En su opinión, el anterior Gobierno fue el «más deshonesto y despilfarrador de la historia» y ha dicho que el cúmulo de casos se podría denominar «caso Torres» ante la evidente «ligereza y falta de rigor» con la que se gestionaban fondos públicos.
«Millones de euros gestionados sin ningún tipo de control y en muchos casos adjudicados a amiguetes o recomendados a algún miembro del PSOE a favor de comisionistas», ha resumido Reverón, que ha lamentado que en su momento «se tratase de enterar» el informe de la Audiencia de Cuentas que fiscalizaba la gestión del Gobierno canario a este respecto.
Sobre si debería dimitir Torres, ambos diputados han dicho que esa decisión es «un ejercicio de responsabilidad personal» si bien es «evidente», han dicho, que el responsable del Gobierno y del comité de gestión era él.
Respecto a los plazos, la petición debe pasar ahora por la Mesa de la Cámara, ser votada en pleno y ajustarla a un calendario de trabajo, algo que probablemente se producirá después de que se celebre el pleno del Debate del Estado de la Nacionalidad canaria a mediados de marzo.
