El sindicato considera que el servicio se está prestando de forma «irregular y en contra del marco normativo»
La Agrupación de Bomberos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) ha pedido al Cabildo de la Palma una reunión para resolver la posible inseguridad jurídica con la que, en su opinión, se está prestando el servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento, «a través de una empresa y con personal laboral y en contra del marco normativo que establece la propia Función Pública Canaria y otras leyes estatales».
Según el sindicato, en la actualidad,13 de los 14 municipios de la isla de La Palma no tienen la obligación de contar con un servicio de Bomberos dado que, tras la aprobación de la ley de racionalización y sostenibilidad a finales de 2013, es competencia y responsabilidad de los cabildos insulares prestar el servicio de extinción de incendios y salvamento.
Modelo actual
CCOO considera que el Cabildo de La Palma ha desarrollado un modelo para cumplir con sus obligaciones que, bajo el marco normativo vigente, «no ofrece seguridad jurídica. El mismo se está llevando a cabo a través de una empresa privada constituida en su mayoría con el personal de la antigua agrupación de voluntarios de la isla». Estos trabajadores, según el sindicato, prestan sus servicios como personal laboral y, además, la empresa se encajó en un consorcio de servicios diversos, generando aún más problemas.
Para FSC-CCOO, partiendo del propio criterio de la Función Pública Canaria, la cual establece que las bomberas y bomberos en Canarias deben ser funcionarios públicos, dado el desarrollo de sus funciones y competencias, «nosotros planteamos un modelo de gestión directa y servicio público con personal funcionarios de carrera por parte del Cabildo de La Palma, que es quien tiene las responsabilidades y competencias en esta materia».
Debido a que solo el municipio de Los Llanos de Aridane tiene más de 20.000 habitantes, la mejor fórmula, en opinión de CCOO, puede ser la constitución de un Consorcio de Emergencias, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, que integre la participación de todas las administraciones locales de la isla, los 14 ayuntamientos y el propio Cabildo, al que se sumaría con cuota de participación y voto el propio Gobierno de Canarias, tal y como ya sucede en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife.
