La Consejería de Sanidad apunta que el material inservible no contó en su momento con el aval de los servicios de Medicina Preventiva de los hospitales canarios
La presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Luz Reverón, denunció este miércoles la existencia de más de tres millones de unidades de material sanitario inservible almacenados en los diferentes hospitales de Canarias, en lo que consideró “un episodio más de la chapuza y la falta de rigor con la que el Gobierno de Canarias gestionó la adquisición de estos artículos durante la pandemia”.
Reverón, que ofreció una rueda de prensa junto al diputado popular Carlos Ester, mostró su sorpresa ante el hecho de que “justamente hoy, tres años después del inicio de la pandemia, la Consejería de Sanidad haya enviado un comunicado sobre este asunto, el mismo día que el Partido Popular iba a hacer públicos los datos, lo que demuestra claramente que el Gobierno nunca tuvo la predisposición de ser transparente con este tema y que sólo lo ha hecho cuando se ha visto con la soga al cuello”.
Para Luz Reverón, “esta forma de salir a dar explicaciones cuando ya no queda más remedio parece que se está convirtiendo en la tónica habitual de este Gobierno, pues al igual que en el llamado caso Mascarillas, que investiga la justicia europea, hay muchos interrogantes en el aire que no aclara el comunicado: cuál ha sido el importe económico, quiénes han sido los adjudicatarios, quiénes los responsables de estas compras y si se pagaron o no comisiones”.
Muchas incógnitas en el caso Mascarillas
En este sentido, la presidenta del Grupo Parlamentario instó al Gobierno a ser más valiente y a dar respuesta a las muchas incógnitas que rodean este asunto por lo que urgió a la Consejería de Sanidad a explicar también, “si puede ser antes que el Partido Popular convoque una rueda de prensa, cuánto nos han costado estos más de tres millones de mascarillas, guantes y buzos, teniendo en cuenta que pagaron cuatro millones por un millón de mascarillas”.
Por último, Luz Reverón retó al Gobierno de Canarias a que, si verdaderamente está convencido de que actuó correctamente en la adquisición de material para la protección del personal sanitario, permita a la Audiencia de Cuentas hacer público el proyecto de informe de fiscalización que realizó sobre todo el proceso.
Comisión de Investigación
Por su parte, el diputado Carlos Ester aseguró que “ante estos nuevos datos, y las dudas que surgen sobre la transparencia y la legalidad en la gestión de los responsables públicos, sorprende el reiterado silencio de este Gobierno que sigue sin asumir responsabilidades políticas”.
Por esta razón, se reafirmó en la intención del Partido Popular de “clarificar” y no permitir que el Gobierno entierre esta forma de proceder tan irregular. Ester exigió “luz y taquígrafos” para aclarar unas actuaciones que, según vamos conociendo, “cada día huelen peor”.
“Son muchas las preguntas que el Gobierno, con el presidente Torres a la cabeza deben responder”, por lo que anunció que el Partido Popular volverá a exigir una comisión de investigación en la próxima legislatura “porque entendemos que, más allá de las pesquisas judiciales, los canarios merecen conocer toda la verdad”.
Material sin aval de Medicina Preventiva
Por su parte, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha recordado que los almacenes de los centros hospitalarios conservan material de protección recibido durante la pandemia que no pudo ser utilizado por no contar con el aval de los servicios de Medicina Preventiva de los respectivos centros hospitalarios.
Ese material inservible para el uso sanitario alcanza los 1,9 millones de mascarillas que recibieron los hospitales a través de donaciones de empresas, de Ingesa y, en menor medida, de compras directas, lo que representa un cuatro por ciento de los más de 43 millones de mascarillas utilizadas durante la pandemia por los profesionales del SCS.
Sanidad señala que en los primeros meses de la pandemia los servicios de salud de todos los países carecían del suficiente material de protección para sus trabajadores, que en España en un primer momento no había capacidad ni posibilidad de realizar compras directas por lo que se recibía material de compras centralizadas y que la adquisición del material estuvo sujeta a un mercado internacional no regulado.
Ante esta evidencia, los servicios de Medicina Preventiva funcionaron con precaución extrema para que el material que se distribuyera entre los profesionales contara con las garantías de calidad exigibles para la protección frente a la covid-19.
