La Policía Nacional detecta fraudes al seguro y simulaciones de robos violentos que movilizaron innecesariamente recursos de seguridad esenciales
La Policía Nacional en Arrecife ha investigado a lo largo del pasado año a más de una decena de personas por interponer denuncias falsas y simulaciones de delito. Estas conductas, tipificadas penalmente, han conllevado en los casos más graves la detención de los responsables y su posterior puesta a disposición judicial. Los agentes señalan que estas prácticas no son hechos aislados, sino que se repiten con frecuencia en diferentes puntos del país.
Los motivos que impulsan estas infracciones varían según el perfil del denunciante. En muchos casos, los responsables buscan defraudar a las compañías aseguradoras por la supuesta pérdida o sustracción de efectos personales. En otros escenarios, los autores simulan un delito para encubrir otras infracciones previas o simplemente para justificar situaciones personales y domésticas ante su entorno cercano.
Delitos fingidos para eludir a la justicia
Entre los hechos esclarecidos por los agentes figuran relatos de supuestos «tirones» de bolso por desconocidos y entradas inexistentes en domicilios donde no aparecían signos de acceso forzado. También destacan las simulaciones de atracos con arma blanca en pleno centro urbano. Uno de los episodios más llamativos implicó a una persona que llegó a fingir un robo violento para justificar la retirada de una pulsera electrónica, impuesta previamente como medida cautelar por la autoridad judicial.
Las investigaciones policiales permitieron detectar las incongruencias en cada caso mediante comprobaciones técnicas y el análisis exhaustivo de los relatos. Gracias a la verificación de pruebas, los funcionarios lograron esclarecer la falsedad de los hechos denunciados, demostrando que los delitos nunca ocurrieron tal y como los describieron los interesados.
El alto coste de movilizar recursos públicos
La Policía Nacional advierte que la denuncia falsa y la simulación de delito provocan una grave alteración del funcionamiento de los servicios públicos. Estas acciones movilizan de manera innecesaria recursos humanos y materiales que deberían destinarse exclusivamente a la atención de víctimas reales y a la persecución de delitos que sí han tenido lugar, restando eficacia al sistema de seguridad.
Por todo ello, las autoridades realizan un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. Recuerdan la importancia de actuar con veracidad a la hora de acudir a las dependencias policiales, subrayando que el Código Penal castiga estas conductas. El uso indebido de la administración de justicia puede acarrear graves consecuencias penales para quienes intentan beneficiarse de un engaño o justificar su comportamiento mediante una mentira.
