Las Palmas de Gran Canaria es uno de los municipios españoles que dos años y medio después no disponen de una ZBE
De las 169 localidades obligadas , 92 se encuentran actualmente en medio del proceso de elaboración, aprobación o implantación
El 67,5% de los municipios españoles que debían implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes de 2023, como Las Palmas de Gran Canaria, continúan sin disponer de ella dos años y medio después. Así lo reflejan los datos provistos por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco).
De las 169 localidades obligadas a ello por la Ley de Cambio Climático, 92 se encuentran actualmente en medio del proceso de elaboración, aprobación o implantación de una de estas áreas. Mientras, una veintena está aún pendiente de iniciar los trámites y sólo un 32,5 % -55 municipios- cuentan con una ZBE en vigor.
Entre los consistorios que cumplen con la norma se encuentran buena parte de las grandes ciudades españolas -Sevilla, Barcelona, Bilbao o Zaragoza-. Sin embargo, otras, como Valencia o Las Palmas de Gran Canaria, no disponen actualmente de una ZBE completamente implantada.
Leyes y sanciones
La Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, obligó a crear una ZBE antes de 2023 a los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y las localidades con más de 20.000 personas que superen los valores límite de contaminación establecidos.
El Real Decreto 1052/2022 especificó además unos requisitos mínimos para su elaboración, como la necesidad de contar con sistemas de restricción y control de accesos, circulación y estacionamiento, o con un régimen sancionador.
Las sanciones se encuentran aún pendientes de aplicación en numerosos municipios, que han establecido moratorias de diferente duración para las multas. Así, el Miteco considera sus ZBE incompletas.
La falta de implantación completa de las mismas podría conllevar una pérdida económica para los 114 municipios que aún no cumplen con la norma. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible estableció la condición de disponer de una ZBE en 2025 para que puedan ser beneficiarios de las ayudas al transporte público.
Seis ZBE anuladas por la justicia
Por su parte, las ZBE aprobadas se han enfrentado a repetidos recursos judiciales que han resultado en su anulación en al menos siete ocasiones desde el año 2022 en Barcelona, Gijón, Madrid, Badajoz, Santa Cruz de Tenerife, Segovia y Ávila.
El último ayuntamiento en ver su regulación anulada ha sido Ávila, contra el que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León falló a principios de junio por un defecto formal similar al que motivó la suspensión de la ZBE de Segovia a mediados de mayo.
Madrid, Badajoz y Gijón también se encuentran actualmente en proceso de aprobación de nuevos planes de movilidad y ordenanzas reguladoras tras las sentencias de los tribunales.
En Santa Cruz de Tenerife, la ZBE fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el pasado mes de marzo, una sentencia que ha sido recurrida por la Alcaldía.
