Los creadores de la plataforma afincada en el sur de Tenerife estafaron a unas 9.500 personas
La sala de apelación de la Audiencia Nacional ha duplicado este jueves las penas de cárcel para los creadores de la plataforma de criptomonedas Arbistar, que estafaron entre 2019 y 2020 a unas 9.500 personas, al considerarlos una organización criminal, tal y como solicitaban la Fiscalía y las acusaciones.
En esta sentencia, se eleva de 8 a 16,5 años de cárcel la pena para el principal encausado Santiago F.J. y de 6 a 11,5 años la de su socio Diego Felipe F.N. y el incremento de las penas también se justifica al entender que el fraude cometido es “singularmente grave”, dado que concurría una actividad defraudatoria prolongada y sistemática.
Indemnización a los afectados
La sentencia apelada tipificó el delito como una estafa continuada pero rechazó aplicar el tipo agravado al no acreditarse que alguna de las estafas por sí sola superara los 50.000 euros, pese a que reconocía decenas de miles de bitcoin defraudados y fijaba un perjuicio muy superior a 250.000 euros.
Tras esta decisión, se tiene en cuenta tambien la captación de un número extraordinariamente elevado de inversores, un perjuicio patrimonial de magnitud excepcional y la utilización de una estructura organizada y estable con reparto funcional.
El Tribunal ha condenado a los dos fundadores de Arbistar, empresa afincada en el sur de Tenerife, a indemnizar a las miles de personas que se incluyen en el listado aportado por la Fiscalía en las cantidades que se determinaran en la ejecución de la sentencia y mantiene la absolución de las cuatro acusados y tres sociedades.
Estafa piramidal a miles de inversores
La sala de apelación confirma los hechos probados: entre 2019 y 2020 los acusados crearon un entramado liderado por Arbistar, que aparentaba ofrecer inversión en criptomonedas mediante un sistema automatizado (“Community Bot”) con altas rentabilidades. Esto atrajo a miles de inversores que entregaron sus bitcoins.
Sin embargo, las investigaciones demostraron que era un esquema fraudulento tipo piramidal, donde el dinero de nuevos inversores se usaba para pagar a los anteriores, sin actividad real. La captación se realizó mediante promoción intensa, redes sociales, eventos y contratos digitales.
La Audiencia Nacional concluye que hubo una estafa masiva y continuada basada en un producto inexistente.
Finalmente, la abogada canaria Conchi Viera, que representa a casi 2.000 estafados, destaca que el fallo reconoce la gravedad del fraude y fija criterios para indemnizar según los bitcoins aportados, sentando un precedente en casos con criptoactivos.
«Ahora el objetivo es lograr una compensación efectiva para las víctimas», afirmó la letrada.
