El Consejo de Ministros ha autorizado esta ampliación para ayudas a entidades, familias e instituciones afectadas por el emergencia volcánica
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la aplicación del fondo de contingencia para financiar una ampliación de crédito por 9 millones de euros para atender a la concesión de ayudas a entidades locales, familias e instituciones afectadas por la emergencia volcánica en La Palma.
Asimismo, ha aprobado una modificación del código de buenas prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada. Flexibiliza los requisitos para ampliar el vencimiento de las operaciones financieras con aval público.
De ambas medidas se ha dado cuenta en la nueva reunión de la Comisión Interministerial para la Ejecución del Plan Especial para la Reconstrucción de La Palma. El objetivo es dar un nuevo impulso al paquete de medidas y ayudas destinadas a la recuperación de la isla ante la emergencia volcánica.
Varias medidas de ayudas
El Gobierno recuerda en la nota que ha desplegado «una amplia batería de medidas» desde que se activara la emergencia volcánica el pasado 19 de septiembre.
En total, más de 225 millones canalizados a través del Plan Especial para la Reconstrucción de La Palma. Un plan destinado a la recuperación de la isla a través de ayudas y medidas urgentes y de futuro.
En los primeros días de la crisis volcánica, el Gobierno transfirió al Ejecutivo canario 10,5 millones de euros, destinados a la adquisición de 107 viviendas y enseres de primera necesidad.
En una segunda fase, el Plan Especial para la Reconstrucción de La Palma estableció ayudas directas para los afectados. También medidas de impulso para la recuperación de la isla, con un importe estimado de más de 206 millones de euros.
Hasta la fecha, el Consorcio de Compensación de Seguros ha aprobado indemnizaciones por valor de 42,5 millones de euros. De ellos 37,17 millones de euros van destinados específicamente a vivienda, 4,9 millones de euros a comercios y casi medio millón a industrias y vehículos.
Asimismo, se encuentran en tramitación expedientes por valor de 48 millones de euros adicionales. La cifra supone un coste estimado total de 90,5 millones.
Exenciones IRPF e Impuesto de Sociedades
Al mismo tiempo, el Ejecutivo aprobó, a principios de noviembre, una exención tributaria en el IRPF y el Impuesto de Sociedades para todas las ayudas públicas recibidas en La Palma por la destrucción de edificios y viviendas.
Además, el Gobierno ha tramitado casi 300 peticiones de aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias por valor de 443.646 euros.
Más de 1.100 trabajadores se han acogido a los ERTE específicos aprobados para la isla, dotado con 63 millones de euros. Dentro de las medidas extraordinarias en materia de protección de trabajadores autónomos, el Gobierno ha recibido hasta la fecha 476 solicitudes por cese de actividad, de las que 258 han sido tramitadas.
Casi el 10% de los trabajadores de La Palma afiliados a la Seguridad Social se encuentran actualmente protegidos por las ayudas desplegadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Dos de cada tres trabajadores protegidos corresponden a los sectores de hostelería (casi un 40% del total), comercio (un 16%) y agricultura e industria alimentaria (un 10%).
Medidas con carácter urgente
A las primeras acciones en materia de vivienda y empleo se suman varias partidas aprobadas con carácter de urgencia. Como los 18,8 millones de euros que el Gobierno transfirió a Canarias a mediados de noviembre en ayudas en materia de pesca y agricultura.
A su vez, el Gobierno ha modificado los requisitos comerciales para permitir la comercialización de los plátanos dañados estéticamente por la ceniza del volcán.
A estas cifras se suman los 2,5 millones que Canarias recibirá para el desarrollo de proyectos de investigación científica en torno a la erupción volcánica. También los 5 millones en materia de gastos de personal y gastos corrientes destinados a ayuda a domicilio, gestión de alojamientos, apoyo social, psicológico, educativo. A eso se añaden las ayudas directas para las familias afectadas.
Además, el Gobierno ha autorizado la transferencia de 4 millones de euros destinados a la reparación de instalaciones de suministro de agua.
Al nivel europeo, el Gobierno ha activado los mecanismos para contar con la ayuda y solidaridad europeas: España ha comunicado formalmente a la Comisión Europea su intención de solicitar la puesta en marcha del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para La Palma.