La ministra portavoz dice que estudiarán las críticas del CGPJ pero matiza que al Gobierno tampoco le gusta la forma en que está compuesto este órgano constitucional que lleva tres años en funciones
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha confirmado que el Ejecutivo aplazará la aprobación de la Ley de Vivienda y analizará con detenimiento el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un informe que critica la falta de claridad en el anteproyecto en cuanto al control de las rentas, pero ha avisado de que se trata de una recomendación que es preceptiva y no vinculante.
«Lo estudiaremos con atención y le daremos seguridad jurídica», pero «sin duda» el proyecto de ley seguirá adelante porque «tenemos un mandato con los ciudadanos» en el ámbito de la vivienda y los alquileres.
Plan estatal de vivienda
El Consejo de Ministros por lo tanto no aprobará mañana la nueva ley. Sí dará luz verde a un nuevo plan estatal de vivienda que renovará al anterior y que contempla el bono de acceso al alquiler de hasta 250 euros, además de que aprobará la nueva Ley de Arquitectura.
«Un paquete que da respuesta a los compromisos del Gobierno con la ciudadanía», ha dicho Rodríguez tras incidir en que la Ley de Vivienda es muy importante porque tiene carácter de ley de bases para garantizar un derecho básico.
Rodríguez ha incidido en que se trata también de una ley compleja y es «lógico que pueda haber dudas jurídicas».
CGPJ, tres años en funciones
«Vamos a esperar a ver. El Gobierno quiere ser responsable con cada una de los informes y lo vamos a estudiar con mucha atención», ha insistido tras puntualizar que el informe del CGPJ no es vinculante y recordar que al Ejecutivo tampoco le gusta la forma en que está compuesto este órgano constitucional que lleva tres años en funciones.
La ministra ha incidido en que sin su renovación «esta institución no contribuye a su reputación«.
El pleno del CGPJ acordó por 15 votos a 6, rechazar la propuesta de informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y elaborar un nuevo texto, que debatirá el próximo 27 de enero. Critica la falta de concreción de las reglas de intervención de los precios del mercado de alquiler incluidas en el anteproyecto, aunque avala su compatibilidad con el derecho a la propiedad.
