El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga la presunta estafa agravada con criptomonedas de Arbistar, a la que se atribuye también un presunto delito de organización criminal, ha abierto una pieza separada por presunto delito de blanqueo de capitales y falsedad documental
En abril de este año, la Audiencia Nacional aceptó la inhibición de un juzgado de Tenerife sobre la investigación a Arbistar 2.0, empresa dirigida por Santiago Fuentes Jover que, según el juzgado canario, podría haber incurrido en presunta estafa agravada, organización criminal y un delito continuado de falsificación en documento mercantil.
Arbistar habría urdido presuntamente una trama defraudatoria prometiendo a los inversores rentabilidades de entre el 8 % y el 15 % mensual, pagándoles semanalmente -siempre los sábados- y dándoles la opción de sumarlo a las cantidades iniciales invertidas o bien optar por el reembolso.
El importe presuntamente defraudado por Arbistar supera los 40 millones de euros, pero podría ascender hasta los 100.
Asimismo, habría utilizado una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros anteriores en pago de los altos intereses convenidos.
Blanqueo de capitales
Ahora, en un auto fechado el pasado 12 de julio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha decidido la apertura de una pieza separada por blanqueo de capitales, falsedad documental y demás delitos instrumentales.
El magistrado justifica su decisión por los distintos requisitos que requiere la investigación de los diferentes delitos.
Mientras que la instrucción de la causa por los hechos susceptibles de constituir delito de estafa y organización criminal «podría efectuarse con relativa celeridad», aquellos otros hechos que pudieran integrar un delito de blanqueo de capitales, falsedad documental, y otros delitos instrumentales, «requieren una instrucción más prolija y compleja», señala el auto.
Para llevar a cabo una investigación por blanqueo de capitales será precisa la expedición de comisiones rogatorias, que «ineludiblemente dilatarán el curso de la investigación», añade el magistrado
