El tribunal concede 15 días a los tres condenados para abonar multas, decomisos e indemnizaciones por los contratos públicos. Además, establece las condiciones que deberá cumplir Aldama para mantener suspendida su pena de cuatro años y medio de prisión
El Tribunal Supremo ha requerido el pago de 647.000 euros al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama en ejecución de la sentencia que los condenó por las mordidas vinculadas a contratos públicos de mascarillas.
La Sala que juzgó a los tres ha abierto la ejecutoria de la sentencia y les ha concedido un plazo de 15 días para satisfacer las multas, el decomiso de las cantidades procedentes del delito de cohecho y las indemnizaciones fijadas en el fallo.
Multas y devolución del dinero obtenido
En concreto, el Supremo reclama a Ábalos 52.500 euros en concepto de multas, mientras que Koldo García deberá abonar 45.750 euros y Aldama, el único de los tres que permanece en libertad, otros 75.000 euros.
A estas cantidades se suman 430.298 euros que los tres deberán devolver conjuntamente, correspondientes al dinero del que se beneficiaron mediante el delito de cohecho, según recoge la sentencia.
Además, Ábalos y Koldo García tendrán que indemnizar conjunta y solidariamente a las empresas públicas Ineco y Tragsatec con 34.450 y 9.500 euros, respectivamente, por la contratación irregular de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro.
Los magistrados advierten de que, una vez transcurridos los 15 días concedidos, recurrirán a la vía de apremio para ejecutar el cobro de las multas y las indemnizaciones pendientes.
El tiempo máximo de prisión de Ábalos y Koldo
La Sala también ha aprobado las liquidaciones de condena correspondientes a las penas de prisión de Ábalos y Koldo García. En el caso del exministro, el tiempo máximo de cumplimiento queda fijado en 15 años y 18 meses, mientras que para su antiguo asesor se establece un límite de 15 años.
Las condiciones que debe cumplir Aldama
Por otra parte, el Supremo ha impuesto a Víctor de Aldama la obligación de comparecer cada seis meses ante el tribunal para informar de sus actividades laborales, mercantiles o empresariales. Con esta medida, los magistrados pretenden comprobar que cumple el ordenamiento jurídico.
Asimismo, le han concedido 15 días para ratificar su consentimiento a realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
El tribunal recuerda que ambas condiciones están directamente vinculadas a la suspensión de la pena de cuatro años y medio de prisión que impuso al empresario por su colaboración con la justicia.
